El presidente Evo Morales informó que el Gobierno alista una ley para “garantizar” la estabilidad laboral y frenar la vigencia del preaviso, que fue restituido por una sentencia constitucional generando polémica y rechazo de la Central Obrera Boliviana (COB).
“Con el doctor (Gonzalo) Trigoso (ministro de Trabajo) y el doctor (Héctor) Arce (Procurador) estamos debatiendo, vamos a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar el derecho de los trabajadores”, anunció en una conferencia de prensa.
La polémica se generó luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) confirmara en los días precedentes que la figura del “preaviso” estaba en plena vigencia, cuando en 2013, con otra sentencia, lo sacó de la normativa vigente.
El presidente del control constitucional, Osvaldo Valencia, informó el jueves que esa modalidad de despido laboral está vigente siempre y cuando el trabajador lo acepte de manera voluntaria, lo que significa –sostuvo- que acepta el pago de los beneficios sociales y renuncia al desahucio, que es una multa que pago el empleador por despido sin justificación.
Justamente el articulado 12 de la Ley General del Trabajo establece que “el contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra”.
El “preaviso” justifica los despidos anunciados con antelación.
La restitución de la figura de despido, que data de agosto de 2016, fue rechazada por el Ministerio de Trabajo y la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro de actividades para el lunes en rechazo a la sentencia constitucional.
Morales anticipó este viernes que “al margen que revise o no su decisión el TCP el gobierno está debatiendo para hacer respetar el derecho de los trabajadores”.
El ente matriz de los trabajadores también entregó al Legislativo otro proyecto de reforma de la norma laboral para anular el preaviso.
Además decidió presentar una denuncia para un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados que firmaron el fallo. (13/01/2017)
