El Gobierno salió a defender el bono para discapacitados de las críticas de los financiadores, los municipios, con el argumento central de que el número de beneficiarios “será el mínimo” en la medida que se inserte laboralmente en el sector público y privado al resto de este sector de la población o al padre, cónyuge o tutor. Además, se calculó que el beneficio entre en vigencia en 2018.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que los beneficiarios del bono mensual de Bs 250 solo serán las personas con discapacidad grave y muy grave y que, por alguna razón, no hayan sido incorporadas en alguna institución pública o privada. Bajo esta lógica, insistió, que quedarán pocos beneficiarios del apoyo económico municipal.
“En el sector público y privado existe la total capacidad de incorporar sostenidamente y eso quiere decir un ingreso sólido y que dé una calidad de vida mínimamente digna”, explicó y recordó que la propuesta de ley del Ejecutivo establece la obligatoriedad en el sector público de contar con 4% de personal de este sector de la población y de 2% en el privado.
Diferentes gobiernos municipales cuestionaron la iniciativa, entre ellos el alcalde de La Paz, Luis Revilla, porque el pago del beneficio implicará dejar de invertir en obras, más en una coyuntura compleja por la disminución de ingresos debido a la caída de los precios del petróleo. Los subgobiernos reciben recursos por la venta de hidrocarburos.
Las personas con discapacidad protagonizaron en 2016 una serie de movilizaciones en demanda de un bono mensual universal de Bs 500. Marcharon de Cochabamba a La Paz e instalaron una vigilia de semanas en inmediaciones del centro del poder político, plaza Murillo. El Gobierno rechazó la exigencia por la carga que representaría para el erario nacional.
En La Paz, según datos estimados, existen 11 mil personas con discapacidad grave y muy grave. “Muchas de estas personas con el proyecto de ley, ya sea el padre, la madre, cónyuge o tutor, van a ser incorporados inmediatamente a un trabajo inamovible. En La Paz están todos los ministerios, grandes empresas estatales, una gran gobernación y municipios muy grandes, por lo que gran parte de esa población se va a incorporar (a un trabajo) y va a quedar un mínimo distribuido entre todos los municipios a quienes se debe pagar el bono”, explicó.
Jiménez proyectó que el bono comenzará a pagarse en 2018 tomando en cuenta el tiempo que tomará la aprobación de la ley en el Legislativo, los plazos que corren para la redacción del decreto reglamentario y los ajustes administrativos necesarios como la actualización del registro de las personas con discapacidad.
“La ley contiene una disposición transitoria que establece que, mientras no se tengan un registro sólido, que ya lo tenemos pero que se debe actualizar y segregar por municipios…seguirá en vigencia el Bono Solidario (Bs 1.000). Una vez que se determine a cuántas personas se debe pagar, los municipios tendrán que incorporar en su POA de la próxima gestión”, sostuvo.
