Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Bolivia se encubre la violencia sexual contra niñas y adolescentes por como está tipificado el delito y por la falta de preparación de los operadores de justicia.
«Ahora estamos en una etapa crucial porque se está modificando el Código Penal y estamos dispuestos a compartir con el Gobierno toda nuestra investigación sobre violencia sexual», explicó a Efe María del Carmen Arispe Fuentes, abogada de la organización Una Brisa de Esperanza, al término de la audiencia pública en la CIDH.
Una de cada tres niñas y adolescentes bolivianas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, lo que convierte al país suramericano en uno de los que tienen más víctimas de este tipo de abusos.
El Estado dispone de un abanico de leyes y planes para proteger a las menores pero, según las organizaciones, no se cumplen muchas de las medidas vigentes y deben cambiarse algunas de las normativas.
Quieren que se modifique en el Código Penal el enfoque de este tipo de abusos: que deje de primar si hubo violencia física y la clave sea si hubo consentimiento o no de la menor.
En más del 80 % de los casos de violencia sexual no existe violencia física, indica la abogada Arispe, sino que el agresor lo que hace es «un acercamiento, entrampa a la víctima para poder acceder a la violencia sexual».
El agresor es en más del 85 % de los casos una persona cercana a la víctima, la mayoría de las veces el padre biológico.
«Si una niña está siendo agredida por su padre, no se va a defender, no le va a insultar, no va a haber violencia física, lo que va a primar es que no está en condiciones de dar consenso a la violencia sexual», señala la letrada.
Los representantes del Estado defendieron las leyes y los planes que existen en el país para proteger a las menores, pero tendieron la mano a las organizaciones para llevar a cabo «una labor coordinada» con el fin «de mejorar la situación y atender este tipo de problemas».
Así lo dijo el procurador general del Estado, Pablo Menacho, que dio la bienvenida a las iniciativas de la sociedad civil.
Los comisionados de la CIDH les invitaron a formalizar este paso acordando una primera reunión, algo que comenzaron a discutir ambas partes al término de la audiencia, según pudo constatar Efe.
Aunque aún no hay fecha ni agenda, las organizaciones defensoras de derechos humanos vuelven a Bolivia «animadas» por las recomendaciones de la CIDH al Estado y la perspectiva de la reunión.
La vicepresidenta primera de la Comisión, Margarette May Macaulay, lamentó que Bolivia no es el único país en el que existe una situación similar, porque «en muchos se encubren estos delitos».
«No solo se necesitan sentencias más duras, sino todo un compendio de acciones, entre ellas una formación completa de quienes van a trabajar con una víctima de violencia sexual, porque pueden causarle aún más daño», indicó al Estado.
Y pidió «todo un cambio de manera de pensar» colectivo, algo que comienza por la educación, para que no haya madres que encubran la violencia sexual de la que han sido víctimas sus hijas «por vergüenza de lo que les ha pasado».
La comisionada jamaicana confió en que el Gobierno sea «serio» con su ofrecimiento de trabajar con la sociedad civil y pidió concretar la fecha de la primera reunión.
La vicepresidenta segunda de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que, si Bolivia ya cuenta con un plan para aplicar las leyes en vigor, debe hacer efectivo un sistema nacional de protección de estas menores.
También llamó la atención sobre la investigación de los casos, para que se garantice que no hay impunidad y que el agresor recibe la sanción correspondiente. (18/03/2017)
