El pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves una posición respecto a las críticas que desató el fallo sobre el preaviso. Aseguró que precluyó el plazo para la solicitud de una explicación, aclaración o enmienda del fallo que – añadió- no creó nuevas formas de despido ni anuló el cálculo para el pago del desahucio porque está vigente en normas específicas.
El presidente del control constitucional, Oswaldo Valencia, salió al frente de las críticas que desató en el empresariado y en el propio Gobierno, que advirtió que al ser anulado el artículo 12 de la ley General del Trabajo se eliminó el cálculo para el desahucio y las modalidades de contratos, pero además se creó nuevas causales de despido.
“El tipo de contrato y cálculo para el desahucio tampoco han sido eliminados de la normativa, no crea un vacío, vale decir que (para) el tipo de contrato y el cálculo de desahucio existe normativa específica y esta vigente”, afirmó en una conferencia de prensa en Sucre, sede del control constitucional.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió de un vacío jurídico, en tanto que el presidente en ejercicio Álvaro García anunció la noche del miércoles sobre la posibilidad de modificar la ley General del Trabajo o redactar una norma específica para restablecer el equilibrio en la relación laboral tras el fallo del TCP.
Valencia informó que el accionante del fallo, la Defensoría del Pueblo, tenía un plazo de 48 horas para solicitar una explicación, aclaración o enmienda de la decisión, que precluyó. “Tampoco el Tribunal emitirá auto aclaratorio de oficio”, añadió.
La decisión constitucional, insistió, se enmarcada en la Constitución Política del Estado y marca un hito en la adecuación a la legislación vigente.
