El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el preaviso generó “incertidumbre” y la salida es o modificar la ley General del Trabajo o redactar una norma específica para restablecer el principio de equilibrio y garantizar los derechos tanto de empresarios y trabajadores, planteó el vicepresidente Álvaro García.
La posición fue expresada en el acto de posesión de la directiva de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. Los empresarios cruceños aprovecharon la oportunidad para hacer conocer su preocupación por el fallo constitucional que anuló de la normativa boliviana el artículo 12 de la Ley General del Trabajo.
El artículo 12 establecía: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra”. Dos parágrafos siguientes normaban sobre contratos y plazos para renuncias, además del cálculo para el pago de desahucio.
García afirmó que el Gobierno de Evo Morales coincide con la preocupación de los empresarios y ve poca seriedad en el control constitucional cuando se pronunció en tres ocasiones sobre el mismo tema. Insistió en que generó incertidumbre y nuevas formas de despido que implican un desequilibrio en la relación laboral.
Frente a esa situación planteó como alternativas de solución modificar la Ley General del Trabajo o redactar una norma específica para “garantizar las bases del equilibrio y la protección entre trabajador y empresario”.
“Que el empresario tenga las garantías y certidumbres necesarias para llevar adelante las contrataciones, que el trabajador tenga la certidumbre de que está protegido, que tiene derechos y en base a esas dos fuerzas establecer un nuevo mecanismo de equilibrio que permita a nuestro país, en coordinación entre el Estado, trabajador y empresariado privado, mantener estos ritmos de crecimiento y desarrollo de nuestro economía”, insistió.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), Oswaldo Valencia, aseguró el martes que el fallo no afecta ningún derecho de los trabajadores ni crea nuevas causales de despido. “No es evidente que genera una inseguridad jurídica ni se afecte a los trabajadores…Si consideran que hay aspectos que no están claros, esta tarde se emite un auto de aclaración, creo que con ello disiparíamos cualquier duda”, afirmó, aunque hasta el momento no se hizo público ese auto.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió de un vacío legal, mientras que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) defendió la decisión del control constitucional.
