El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó paralizar el análisis para emitir su fallo respecto a la constitucionalidad o no de la Ley de Identidad de Género y abrió un espacio para recoger opiniones de instituciones científicas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
El presidente del TCP, Oswaldo Valencia, confirmó que el magistrado relator, con el fin de tener un criterio más amplio, determinó en el marco de la normativa pedir las opiniones de otros sectores de la sociedad para que éstas sean consideradas en el proyecto de sentencia que debe ser aprobado en Sala Plena por los siete magistrados.
Sin precisar detalles, Valencia indicó que se envió solicitudes a instituciones de carácter científico, representantes de iglesias y grupos de defensa de derechos humanos para que todos expongan sus ideas respecto a la polémica norma.
La Ley de Identidad de Género (807), promulgada el 21 de mayo de 2016, permite que la población transgénero (que se identifica con el sexo opuesto pero sin que ello implique cirugías) y transexual (que opta por operaciones para adecuar su apariencia física) cambie el nombre, el dato del sexo y la imagen en los documentos de identidad.
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