La Defensoría del Pueblo encara un proceso de diálogos departamentales sobre el aborto con la finalidad de elaborar un informe con reflexiones y conclusiones alejado del dogmatismo para su presentación al Legislativo, que debate el proyecto que amplía las causales para la interrupción de un embarazo. El trabajo empezó en La Paz.
Representantes de diferentes instituciones públicas, entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil participaron en La Paz de este proceso de discusión y debate sobre esta problemática. El objetivo es replicar la experiencia en diferentes departamentos para contar con visiones y reflexiones críticas.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, destacó la importancia de abordar la discusión desde la realidad que muestra, por ejemplo, dijo, que 2 de cada 3 mujeres que recurren al aborto tienen dificultades y enfrentan problemas para ser atendidas en un centro de salud, porque ésta es una práctica criminalizada.
“Lo que queremos es presentar un insumo con alta calidad técnica, con un marco referencial estadístico sólido, que incluya además las reflexiones recogidas de quienes han participado en la discusión del aborto, como médicos, trabajadoras por cuenta propia, activistas, el Pueblo Afroboliviano, amautas y otros”, explicó.
La propuesta de ley del Sistema de Código Penal, que está en proceso de socialización desde el Legislativo, plantea el aborto hasta las ocho semanas de embarazo y por causales de situación de extrema pobreza, no contar con recursos suficientes para la manutención, ser estudiante o madre de tres o más hijos o hijas y no contar con recursos suficientes para su manutención.
También se ratifica la interrupción del embarazo en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, en caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o que la embarazada sea niña o adolescente.
Las cifras muestran que en el departamento del Beni, el 39% de la mortandad materna se debe a prácticas de aborto, mientras que en Bolivia es de 9,1%, “lo que es preocupante pues se estaría hablando que 1 de cada 10 mujeres en Bolivia fallece por interrumpir un embarazo”, sostiene un boletín institucional de la Defensoría.
“Esto tiene que ser asumido y enfrentado por el Estado desde políticas de educación, prevención, políticas de control de natalidad, educación en cuanto al uso de anticonceptivos; y en el campo de la penalización, hay que saber encontrar las excepciones, porque la persecución penal tampoco es la solución en un tema que tiene que ver con salud pública y protección, tanto a mujeres como a niños”, indicó Tezanos Pinto.
