Los pobladores de San Julián, en Santa Cruz, estuvieron 16 días sin resguardo policial tras que los uniformados abandonaran el poblado debido a los hechos de violencia, destrozos y linchamiento de una persona acusada de asesinato. Ahora, luego de un acuerdo, retornarán el lunes a la zona y con un refuerzo de 15 efectivos.
El comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Rubén Suarez, informó que en coordinación con pobladores de San Julián acordaron restituir el contingente policial con un mayor número de efectivos para preservar la seguridad ciudadana.
«Hemos acordado duplicar el número de efectivos de 15 a 30 para dar mayor seguridad a esta población. Los policías se constituirán a la EPI (Estación Policial Integral) de San Julián a partir del lunes», informó, según reportó la estatal ABI.
El 15 de mayo, una turba golpeó, quemó y colgó en la plaza de San Julián a un sospechoso de participar en el asesinato del estudiante Wilfredo Alejandro Gómez Flores (17), quien fue encontrado sin vida en la comunidad 1ro de Mayo, distante a 25 kilómetros. La víctima, junto a otros sospechosos, fue detenida y llevada a celdas policiales.
Anoticiados del hecho, los familiares y decenas de pobladores se trasladaron hasta las instalaciones policiales y exigieron se los entregue. Los uniformados fueron rebasados y el acusado fue retenido y golpeado pese a la audiencia cautelar que determinó su envío a la cárcel de Palmasola con detención preventiva.
La turba terminó colgando al acusado y provocando destrozos en las dependencias policiales. Ese día, los policías y otras autoridades abandonaron el poblado ante la falta de seguridad.
En la víspera, los habitantes de San Julián realizaron una movilización y formaron una comisión para reunirse con el comandante departamental de la Policía.
Suárez informó que se conminó a las autoridades locales y representantes de organizaciones sociales a no obstaculizar el proceso de investigación y detención de los implicados en el linchamiento.
Según la autoridad, ya fueron emitidos mandamientos de apremio contra al menos 10 personas identificadas como autores materiales e intelectuales del linchamiento.
