Grupos antiabortistas de Bolivia, que incluyen al colegio médico nacional, universidades, amautas (sacerdotes aimaras) y parteras tradicionales, se declararon este martes en «emergencia nacional» en contra de una norma que el Parlamento trata para flexibilizar las causas que permitirán el aborto.
«Denunciamos las políticas pro-abortistas como colonizadoras, imperialistas y como injerencia de la ideología de género por presión de la ONU», expresó hoy en un comunicado la Plataforma por la Vida y la Familia, que reúne a esos grupos.
Esas agrupaciones critican que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados haya aprobado, dentro de la reforma del sistema penal, nueve causales para permitir el aborto impune, que actualmente está permitido en casos de violación o riesgo de la vida o salud de la madre o el feto.
El proyecto señala que una mujer puede interrumpir un embarazo si no cuenta con recursos económicos suficientes, tiene muchos hijos, es estudiante, su vida corre peligro o se detectan malformaciones fetales incompatibles con la vida, entre otras causas.
Estos grupos que están en contra de la interrupción del embarazo alegan que la Cámara de Diputados ha hecho «caso omiso al clamor del pueblo» y a las más de 147.000 cartas notariadas enviadas.
La Plataforma por la Vida, asociación organizadora de esta protesta, pide al Gobierno de Evo Morales que respete los «Tratados y Convenciones Internacionales protectores del derecho a la vida».
No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce los derechos fundamentales de salud reproductiva de las mujeres y aboga por prevenir abortos inseguros y clandestinos que pueden acabar con la vida de la madre.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha destacado la reforma que analiza el Parlamento sobre el aborto al considerar que recoge recomendaciones del organismo para proteger la vida y salud de las mujeres.
Las asociaciones antiabortistas reúnen al Colegio Médico de Bolivia, al de La Paz, a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la más grande del país; a la Universidad Católica de Bolivia, la Universidad Tecnológica, y a grupos tradicionales como los amautas y parteras de La Paz.
Además, la asociación incluye la Iglesia católica, a la evangélica y a varias ONG religiosas.
Todas esas instituciones alegan que «el aborto clandestino no se resuelve autorizándolo» con causales, ya que se expone «a los niños y niñas», es decir, al feto, y a la madre a «la violencia del aborto» y a una «confusión emocional».
Por ello, la Plataforma se muestra en contra de «toda forma de aborto» y exige que se eliminen las causales y el aborto clandestino.
Y proponen un servicio de apoyo a la «gestación en crisis», una red de asistencia inmediata y centros de intervención y tratamiento «ante el trauma del aborto para su terapia integral».
Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, en Bolivia cada día se realizan 185 abortos en condiciones de riesgo.
Además, el aborto clandestino y las complicaciones durante el embarazo son la tercera causa de muerte materna en Bolivia.
