El alcalde de La Paz, Luis Revilla, descartó esta mañana la posibilidad de abrogar la Ley de Fiscalización Técnica Territorial (Ley 233), como exige la federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Jesús Vera.
La autoridad supeditó además una convocatoria a dialogar a dirigentes de esa organización a la presentación de una propuesta por escrito respecto a la norma.
La ley, promulgada el 6 de abril, permite a la municipalidad fiscalizar las edificaciones fuera de norma, agilizar los procesos técnico administrativos, además de desincentivar las construcciones irregulares y el avasallamiento de predios ediles a través de la aplicación de fuertes multas y demoliciones, respectivamente.
“Nosotros al Alcalde le damos plazo hasta el viernes para que retroceda en la Ley 233 o convoque a la dirigencia vecinal”, dijo Vera a la Red Uno esta mañana.
Esa organización —en la sede de gobierno hay tres fejuve— anticipó que la noche del viernes 30 de junio un ampliado de la Central Obrera Departamental dirigida por Hugo Torrez,—el ente sindical también está dividido en dos— pondrá fecha al paro cívico indefinido decidido en el cabildo efectuado la mañana del lunes.
“La 233 es una ley contra los loteadores, y se va a mantener, porque abrogarla sería beneficiar a los loteadores, que es algo que no vamos a hacer bajo ninguna circunstancia”, aseguró Revilla en una rueda de prensa.
Vera —quien aparece en actos de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS)— anunció también que si su demanda no es escuchada, promoverá el acortamiento del mandato de Revilla, a través de un referéndum revocatorio. Esta decisión del cabildo, en el que participaron vecinos, gremiales y algunos mineros, ya había sido anticipada por el dirigente vecinal.
“Sabemos de sus intereses políticos, lo sabíamos antes. A nosotros no nos preocupa, porque ahí tendremos que definir quiénes están a favor de los loteadores y quiénes estamos por enfrentarlos”, respondió la autoridad.
Según la Constitución Política del Estado, el referéndum revocatorio procede por iniciativa popular, y puede ser activado cuando se cumpla la mitad del mandato de la autoridad que pretende ser revocada y con el respaldo del 30% del padrón electoral.
Vera convocó a movilizaciones contra de la Ley 233 con el argumento de que la norma permitirá a los subalcaldes derrumbar casas de los vecinos de las laderas. El 29 de mayo llamó a bloquear los principales accesos a las laderas, e hizo lo mismo el 12 y el 13 de junio.
Justamente por estas interpretaciones, Revilla emitió el 9 de mayo el Decreto Municipal 015/2017 que aprueba el ‘Reglamento de Exclusiones a la Ley Municipal 233”, que exime de la fiscalización a viviendas de hasta cuatro plantas y precisa que solo serán demolidas construcciones que se encuentran el predios ediles..
“Quedan expresamente excluidas de la imposición de las sanciones de demolición y multa pecuniaria, las construcciones consideras de vivienda social o familiar, así como, aquellas emplazadas en sectores en proceso de aprobación de planimetría y las sujetas a venta extraordinaria de propiedad municipal identificadas en planimetrías aprobadas” (Art. 6).
Se considera vivienda social o familiar —precisa el documento— a las construcciones erigidas en propiedad privada a “una altura no mayor a cuatro plantas en área de riesgo bajo, medio y moderado y tres plantas en áreas de riesgo alto y muy alto; y que tengan como único destino satisfacer el derecho al hábitat y vivienda del propietario y su familia”, dispone el artículo3, parágrafo I. (27/06/2017)
