El país incursionó en la firma digital en febrero de 2016. Desde ese entonces hasta junio de este año, un total de 2.788 personas, desde empresarios hasta funcionarios, optaron por este mecanismo para simplificar sus trámites en cuanto a tiempo y distancia.
“Hay 2.788 firmas digitales emitidas en Bolivia para personas naturales, jurídicas y representantes de entidades públicas”, informó Nicolás Laguna, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación (AgeTIC), dependiente de la Vicepresidencia.
Esta cifra se da a un año y cuatro meses del lanzamiento de la firma digital, cuya validez jurídica está establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (164), de agosto de 2011.
Se trata de una serie de códigos y letras, únicos para cada persona, que están en un token (similar a un USB). Es un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico. El método asocia la identidad de una persona al mensaje electrónico.
La AgeTIC, creada cinco meses antes de la puesta en vigencia de la firma digital, es responsable de desarrollar sistemas que faciliten los distintos trámites para la ciudadanía. “La firma digital nos permite dar validez legal y plena a cualquier documento electrónico, tiene la misma validez que en el medio impreso”, apuntó Laguna.
La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) es la encargada de emitir los certificados digitales que dan validez a la rúbrica. De las 2.788 existentes, 214 fueron para personas naturales (exportadores extranjeros), 2.248 para personas jurídicas (empresas constituidas) y 326 para personas con cargo público. (Ver infografía)
Sylvain Lesage, director de la ADSIB, detalló que la firma digital es utilizada sobre todo en los procesos de la Aduana Nacional porque un reglamento obliga a usarla en trámites de exportación y transporte de mercadería.
Para el activista Mario Chuquimia, la cifra de usuarios refleja un “gran avance”. “Esta cantidad irá en aumento en la medida que los entes públicos y privados oferten la validación legal de la firma digital”.
Además de la Aduana, la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi), el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y el Ministerio de Trabajo aplican el mecanismo. En proceso están los ministerios de Salud y de Educación, bancos y universidades.
El ahorro en el tiempo del trámite y en la llegada del documento, en caso de vivir en lugares alejados de la institución solicitada, son dos de los beneficios, dijo Laguna.
Lesage resaltó que se debe identificar los lugares con mayor burocracia para implementar el método, que tiene el respaldo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones.
Firma tiene 100% de seguridad
Fotos, huellas digitales, documentos y encriptación de claves son parte del proceso de seguridad que proporciona el token (similar al USB) para la firma digital y descartar con ello cualquier falsificación.
“Al emitir la certificación, se tiene la seguridad del 100% porque se contrasta con el Segip (Servicio General de Identificación Personal), de que la persona es quien dice ser. Además hay revisión física con la foto y huellas digitales”, dijo Sylvain Lesage, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB).
Si se abre el token, que contiene claves de criptografía, se destruye la información. La autenticidad de las firmas está en servidores, en bóveda del Banco Central de Bolivia. (24/07/2017)
