El Colegio de Abogados de La Paz se encuentra en emergencia ante las conminatorias ediles de La Paz y El Alto para que sus afiliados tramiten licencias de funcionamiento y paguen patentes en mora.
Las liquidaciones, en el caso de La Paz, corresponden al periodo 2002-2016 —14 años— y ascienden a Bs 20.000 en promedio y en las conminatorias se da 48 días de plazo a estos profesionales para ponerse al día en sus obligaciones tributarias.
Por esta razón, el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) —que tiene 13.000 afiliados— envió dos notas a los alcaldes Luis Revilla y Soledad Chapetón, en las que además de informarles del estado de emergencia declarado en sus filas, pide que se “deje sin efecto la conminatoria de licencia de funcionamiento”, extendida a sus afiliados con el fin de evitar “la doble tributación”.
El presidente de los colegiados, Israel Centellas, argumenta en las misivas que tienen a su favor una Sentencia Constitucional de 1992 que dispone la inaplicabilidad de la Ordenanza de Patentes e Impuestos dictada por la municipalidad de La Paz, ya que al haber creado la Ley 843, o Ley de Reforma Tributaria de 1896, el Impuesto al Valor Agregado, el tributo Complementario al IVA, y el Impuesto a las Transacciones “ya no corresponde el pago de la patente al ejercicio profesional”.
Esa norma “deroga las disposiciones legales relativas a los impuestos y/o contribuciones creadas por los municipios, cuyos hechos imponibles sean análogos a los tributos creados” (Art. 95).
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