El ministro de Gobierno Carlos Romero calificó de “asilada y política” la protesta que estalló hace tres semanas en el municipio paceño de Achacachi, aunque reconoció que pobladores de esa región sufren una “profunda pérdida económica” por las medidas de presión.
“Este movilización no tiene ninguna posibilidad de articular al departamento y mucho menos a la provincia Omasuyos (…). Es una movilización política, aislada que no tiene mayor futuro”, afirmó este domingo la autoridad en una entrevista con medios estatales.
Las organizaciones vecinales de Achacachi, una ciudad intermedia ubicada a 93 kilómetros al norte de La Paz, se movilizaron desde febrero para reclamar por los resultados de la gestión del acalde de ese municipio Édgar Ramos (MAS); ahora reclaman su renuncia.
Romero señaló que las organizaciones que piden la dimisión de Ramos podrían activar el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio, que estará disponible a partir de diciembre. “Esa postura la hemos manifestado siempre, incluso cuando se pidió la renuncia de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón (de la opositora Unidad Nacional).
Según el Ministro existen, además del bloqueo de la carretera que une La Paz con las poblaciones del altiplano norte y el lago Titicaca, al menos dos “estrategias políticas” que ejecutaron los movilizados para desgastar al gobierno del presidente Evo Morales.
“Felipe Quispe, que ahora es el portavoz de la movilización, anuncia una articulación con los cocaleros de La Paz y con movimientos ecologistas, luego se producen amenazas con las explosiones de dinamita para sembrar terror”, puntualizó.
La autoridad reconoció las pérdidas económicas que están sufriendo los pobladores de toda la provincia Omasuyos, pero aseguró que esta protesta “está solo localizada en Achacachi” y no ha podido expandirse durante estas tres semanas. “Solo existen dos puntos de bloqueo”.
Por las protestas que estallaron en febrero existen tres dirigentes vecinales encarcelados preventivamente tras ser acusados de alentar destrozos en la casa del alcalde Ramos.
En este caso, la Fiscalía no citó al burgomaestre ni a los dirigentes de los Ponchos Rojos que también cometieron destrozos en el poblado de Achacachi cuando se movilizaron en defensa de la autoridad.
De hecho, el conflicto reflotó el 21 de agosto cuando la Justicia revocó la detención domiciliaria contra los dirigentes encausados.
Este domingo, en la edición impresa de Animal Político de La Razón, se publica un análisis sobre “los rostros de un pueblo indómito” que tiene que ver con el conflicto de Achacachi. (10/09/2017)
