El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, reapareció ayer y reafirmó que no renunciará a su cargo como lo exige una protesta con bloqueos en la vía a Copacabana y zonas aledañas. El transporte que presta servicios en esa región reportó pérdidas millonarias, por lo que este lunes comenzó una marcha de protesta que desciendedesde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz.
Desde muy temprano, cientos de choferes se concentraron en la Ceja de El Alto, el límite con la ciudad de La Paz, e iniciaron su marcha por la antigua vía Naciones Unidas con la intención de llegar hasta puertas del Ministerio de Gobierno, en el centro paceño, para exigir la intervención gubernamental y la solución del conflicto de Achacachi.
«Hemos determinado la marcha con dirección al Ministerio de Gobierno, puesto que esa autoridad no está tomando acciones para resolver el problema. Pedimos a las autoridades competentes la libre transitabilidad, tal como lo dice la Constitución Política del Estado. Estamos perjudicados más de 60 sindicatos», dijo el dirigente del transporte interprovincial de La Paz, Germán Cerda, antes de partir junto a la marcha hacia La Paz.
Afirmó que el perjuicio económico a su sector por estos días de protesta «asciende a más de 12 millones de bolivianos», sin tomar en cuenta el maltrato que sufren los vehículos por tener que transitar por rutas alternas en mal estado, por lo que demandó una urgente solución al Ejecutivo.
Ya el lunes los transportistas empezaron la protesta con un bloqueo en El Alto ante el cierre de las vías alternas que utilizaban para sortear el bloqueo de la carretera principal a Copacabana. Dirigentes del sector advirtieron con un cerco a la ciudad de no atenderse su exigencia por los perjuicios económicos que sufren a diario.
Los habitantes de Achacachi empezaron con un paro y un bloqueo al ingreso del poblado, pero horas después decidieron extender la medida de presión. El 23 de agosto empezó la interrupción del tráfico vehicular en la carretera recientemente entregada hacia Copacabana, fronteriza con Perú y zona turística. Desde ese día la medida se lleva adelante de forma ininterrumpida.
Exigen la renuncia de Ramos y la libertad de tres de sus dirigentes encarcelados por participar en febrero de hechos de violencia por el descontento en la gestión edil. “Jamás de los jamases, como alcalde yo no voy a renunciar, pero voluntariamente me voy a someter a lo que dice la Constitución al referendo revocatorio”, manifestó el alcalde en medio de la agudización del problema.
Mientras que en La Paz, un grupo de mujeres llegó a instalar una vigilia de día y noche en puertas del Tribunal Departamental de Justicia que desde el lunes se amplió hasta las puertas de la Fiscalía Departamental, en el centro y a pocas cuadras de la plaza Murillo, centro del poder político.
“Queremos que arregle esto el Gobierno, sino se va a agravar. Mañana, La Paz estará cercada”, advirtió uno de los choferes movilizados, quien se aprestaba a marchar con la interrupción de una de las vías que conecta a ambas ciudades.
Para el Gobierno hay una intención de dañar la imagen del Gobierno y descartó una intervención debido a que es un problema local que debe resolverse vía referéndum revocatorio o como consecuencia de un proceso judicial contra el alcalde. La Iglesia Católica también intentó facilitar el diálogo, pero fracasó.
El bloqueo y la vigilia entró en su cuarta semana y no hay hasta el momento una salida al lío.
