Los médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) cumplen este viernes un paro de 24 horas en apoyo a los funcionarios del Hospital Obrero que son objeto de un proceso por tráfico de exámenes médicos y en rechazo al artículo 200 del nuevo Código de Sistema Penal, pese a que este punto ya fue concertado con las representaciones de los galenos.
El Sindicato Médico y Ramos Afines de la CNS convocó a la medida de presión y llamando a sus bases a no acudir a sus fuentes laborales. Diferentes medios de comunicación mostraron en al menos dos policlínicos de La Paz que no había atención médica, excepto emergencia y que solo estaban en sus puestos de trabajo administrativos.
La medida de presión fue convocada a pesar de la existencia de un fallo judicial que impide la suspensión de la atención médica por atentar contra el derecho a la salud de la población. Esa decisión fue resultado de la presentación, en mayo, de un recurso de Acción Popular por parte de la Defensoría del Pueblo ante un prolongado paro de galenos.
En los últimos días fue destapado en el Hospital Obrero un caso de tráfico de servicios consistente en la realización de exámenes de laboratorio para particulares con insumos y tiempo que debía estar dedicado a los asegurados. El director del nosocomio, el mayor del ente asegurador, Carlos Ibañez, fue vinculado y tiene detención domiciliaria.
“Apoyo incondicional a los afiliados del Hospital Nro 1 por la situación que viene atravesando el servicio de Patología”, establece parte de las motivaciones del paro.
Hay otras ocho personas detenidas. Los altos cargos de administración de la CNS amenazaron con una renuncia colectiva de no atenderse su exigencia del debido proceso contra los acusados, pero esa amenaza habría quedado sin efecto luego que el gerente General, Juan Carlos Meneses, dijo que si renunciaban iba a contratar a nuevos funcionarios.
Ahora los galenos pusieron en marcha un paro de 24 horas, pegado al fin de semana, en solidaridad a sus colegas, pero además en rechazo al artículo 200 del proyecto de Código del Sistema Penal que legisla sobre la negligencia profesional y que ya había sido objeto de un acuerdo entre el Legislativo y las representaciones de los gremios de médicos.
