El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia lamentó hoy «profundamente» que el Tribunal Constitucional niegue a transexuales y transgénero derechos fundamentales, tras el fallo que impide a esos colectivos el matrimonio, la adopción de niños y que se reconozca su participación política usando la paridad de género.
El organismo internacional expresó su posición en un comunicado en el que enumera todos los acuerdos internacionales que deben ser tomados en cuenta para la protección de esos colectivos.
Las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos y los pactos sobre derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales «determinan que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin discriminación», señaló la ONU.
«Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes, comprendiendo por lógica jurídica que estos principios también se aplican a las personas transexuales y transgénero», añadió el sistema de Naciones Unidas.
El fallo del Constitucional cuestionado sostiene que las personas pueden cambiar los datos de su nombre, imagen y su identidad sexual en sus documentos oficiales al amparo de la Ley de Identidad de Género de 2016, pero agrega que eso no conlleva todos los derechos.
El alto tribunal boliviano detalló el jueves de esta semana que la modificación de toda esa información no implica que las personas que lo hicieron tengan derecho al matrimonio, a la adopción, ni a la participación política usando el recurso de la paridad de género.
En su momento, Naciones Unidas consideró que la citada ley era «altamente positiva» al tratarse de una «norma progresista y un referente para la región de América Latina y el Caribe.
La institución mantiene su posición respecto a que «cualquier modificación de la normativa que afecte de forma agresiva a la autodeterminación de la identidad de género significa un retroceso respecto al ejercicio de los derechos de todas las personas».
Asimismo, la ONU recordó que la falta de respeto a los derechos humanos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) «constituyen graves violaciones de los derechos y libertades de los seres humanos».
Según el organismo, también expone a esta población a una mayor «vulnerabilidad» y dificulta el progreso hacia la implementación de la agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo.
Desde que fue promulgada la Ley de Identidad de Género en mayo de 2016, decenas de personas modificaron su documentación y algunas contrajeron matrimonios con otras del mismo sexo.
En junio pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyó al Servicio de Registro Civil reconocer el matrimonio civil de las personas transgénero y transexuales que cambiaron sus datos.
La demanda contra la ley fue presentada por un grupo de parlamentarios alegando que atentaba contra la familia tradicional.
El diputado Horacio Poppe, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que fue el impulsor de la demanda, dijo que los matrimonios realizados al amparo de esa norma ahora deben ser anulados.
La norma que permitió el cambio de identidad de género también es rechazada por las iglesias católica y evangélica. (10/11/2017)
