El diálogo entre la ministra de Salud, Ariana Campero, y la representación del Colegio Médico de Bolivia empezó la mañana de este martes en medio de un cerco instalado por los profesionales de este sector en los alrededores de las instalaciones del Ministerio de Salud, en el centro de la ciudad de La Paz. El encuentro fue declarado en cuarto intermedio por las protestas y Campero denunció discriminación.
Aníbal Cruz, máximo dirigente del Colegio Médico, junto a representantes de los galenos, acudió a la cita que debió realizarse ayer pero que se aplazó para hoy debido a que Campero, según justificó, debía estar presente en la inauguración de una obra de salud en la población de Tiwanaku, en el departamento de La Paz.
Decenas de médicos se apostaron en puertas del Ministerio de Salud, en el centro de la ciudad, como parte de una vigilia a la espera de resultados de la reunión que se realiza en esas dependencias. Gritaban una serie de estribillos en contra de la ministra.
Pasado el mediodía la negociación fue declarada en cuarto intermedio. «El Gobierno no dialoga mientras hay movilizaciones afuera (del ministerio) con insultos y discriminación», advirtió Campero.
Los galenos se oponen a los alcances de la tipificación de la mala práctica profesional, incorporada en el proyecto de ley del Código de Sistema Penal, por considerar que criminaliza el acto médico.
También rechazan las normas de libre afiliación en el sistema de seguridad social y la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud. Ya tuvieron una primera reunión con los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, sobre la figura de la mala práctica profesional.
Con este martes ya llevan seis días de interrupción de los servicios de salud en los servicios públicos y de la seguridad social. La medida fue reforzada con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de revocar un fallo judicial que impedía a los médicos suspender los servicios de salud porque afectaba el derecho a la salud de la población.
Diariamente unos 3.000 pacientes son perjudicados con la medida de presión porque no pueden acceder a una consulta externa. En muchos nosocomios los servicios de emergencia colapsaron, ya que solo ese servicio atiende la alta demanda. (28/11/2017)
