El servicio de atención médica en el sistema público y de la seguridad social en Bolivia lleva siete días suspendido y la medida mantiene su carácter indefinido tras fracasar el diálogo. El Gobierno expresó su disposición de retomar la negociación, pero negó atender la condición de empezar de cero las conversaciones sobre la autoridad de regulación del sector salud.
Los movilizados argumentan que no pretenden avalar el decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, por lo que exigen su anulación para empezar a trabajar en una nueva disposición de regulación, pero de consenso.
El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, aseguró que desde el Ejecutivo existe la disposición de trabajar en consenso, pero los reglamentos del decreto de creación de la Autoridad para aclarar las dudas y observaciones de los galenos, quienes ayer abandonaron las negociaciones, justamente por la posición fijada por la ministra de Salud, Ariana Campero.
Campero dirigió esa negociación que fue rota tras el abandono de la dirigente del Colegio Médico de Bolivia y las representaciones departamentales, quienes llevan un paro indefinido no solo por el decreto de regulación sino también por observaciones al artículo 205 de mala práctica médica, que legislación sobre la negligencia médica, en el proyecto del Código de Sistema Penal.
“La ministra Campero nos pidió un cuarto intermedio, para después volver con su propuesta de no derogar el decreto de la creación Autoridad de Salud, y más bien participar en la redacción de su reglamento. Nosotros no avalamos algo que está mal hecho y por eso terminamos el diálogo”, anunció el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, tras abandonar la reunión.
Ya sostuvieron los movilizados una reunión con los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, sobre el artículo de mala práctica médica, tipificación que había sido acordada en una reunión anterior con los mismo dirigentes de los galenos que ahora lideran las medidas de presión que dejan a más de 3.000 personas sin atención médica diaria.
“No se han visto propuestas”, cuestionó Terrazas en una entrevista con la red ATB y calificó de “manipuladora y mentirosa” a la representación de los profesionales médicos, que se vio reforzados en su protesta con un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que revocó un fallo judicial que prohibía la suspensión de los servicios médicos, porque el decreto de regulación es para la organización y gestión en los centros de salud por lo que no hace a sanciones.
Según Terrazas sectores de la seguridad social expresaron su disposición de participar de la redacción de los reglamentos del decreto que crea la autoridad de regulación, por lo que la radicalidad se mantiene, sin identificarlos, en algunos niveles dirigenciales que “les gusta el conflicto porque los mantiene vigentes”.
