El Gobierno tratará este miércoles, en reunión de gabinete, acciones laborales frente al prolongado paro que sostienen los médicos del sector público y de la seguridad social. El vicepresidente Álvaro García aseguró que la protesta está basada en una “mentira” y desafió a la dirigencia a revelar que mantienen la protesta en procura de evitar la regulación.
Dijo que enarbolar la criminalización del acto médico como causa de la protesta no tiene asidero ya que la actual redacción del artículo 205 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal protege a los médicos con la incorporación de la figura de la mala práctica profesional que, a diferencia de la actual legislación, establece los agravantes y atenuantes.
Además, puso como prueba el hecho de que los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia firmaron un acuerdo que dio paso a esa redacción. Se ha “cedido todo lo posible”, aseguró, y llamó a quienes se movilizan a retornar a sus fuentes de trabajo porque no hay ninguna “criminalización del acto médico” como equivocadamente alertan dirigentes del sector.
“Usar como bandera de lucha la criminalización, esa es una mentira, un engaño terrible, cruel. Es una engaño que engaña a los médicos y maltrata a la población”, sostuvo.
Desde hace 19 días se ha suspendido la atención médica en los servicios públicos y de la seguridad social. En las últimas horas se sumaron clínicas y consultorios privados, aunque solo por algunas horas, al igual que médicos especialistas. Para este martes hay una convocatoria al diálogo, que podría darse en la ciudad de La Paz.
“Es muy triste lo que están haciendo con la salud…hay cosas que no se puede manipular nunca, la salud y educación, son cosas casi sagradas en los derechos de las personas”, sostuvo durante una conferencia de prensa en la que fue crítico con los dirigentes del ente colegiado que mantienen una posición dura frente a sus observaciones.
No solo ahora exigen la anulación del artículo 205 del sistema penal sino también la anulación del decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, que justamente apunta a regular al sector, incluido el privado.
Desde el Gobierno se ofreció discutir un nuevo decreto desde fojas cero, pero la condición es que primero se anule el vigente. García ve como tema de fondo del conflicto, precisamente la oposición a la regulación que pretende el Ejecutivo.
“Que digan que no les gusta que les controlen, pero que digan de frente”, desafió ante los cuestionamientos que desató en los galenos el anuncio de la ministra de Salud, Ariana Campero, que la entidad reguladora deberá fiscalizar los aranceles en el sector privado de salud.
Aclaró que el control, amparado en el decreto de regulación, no irá al médico sino al dirigente, a la gestión. “Hay algunos dirigentes que no les gusta que se les controle, porque durante mucho tiempo han hecho su chaco personal y familiar de las compras, ventas de productos y medicamentos. Eso que se les controle, que se les quite la mamadera, les duele”, sostuvo.
García no descartó ningún escenario de diálogo y anunció en reunión de gabinete se tratará este caso desde el ámbito laboral, aunque ya el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de presión que deja sin atención médica a miles de pacientes. (12/12/2017)
