Los médicos ya llevan 20 días de paro y una “pausa humanitaria” en la protesta depende de las bases del sector. Hasta el momento, la extrema medida impidió que se realicen más de medio millón de consultas y más de 4.800 de cirugías programadas, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Salud.
Los servicios del sector público y de la seguridad social fueron suspendidos desde el 23 de noviembre, dejando solo la atención de emergencia y que en muchos casos colapsó ante la alta demanda. Los sectores en conflicto llegaron este martes a un principio de acuerdo en un diálogo precedido por denuncias de personas fallecidas presuntamente debido a la falta de atención médica.
El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, expresó en una entrevista con la estatal Bolivia Tv su confianza en el levantamiento de la protesta para dar paso a una“pausa humanitaria” y reactivar la atención médica para mitigar la demanda acumulada en estas semanas de conflicto.
“Se han suspendido más de 4.800 cirugías programadas y no se han realizado 542.000 consultas, entonces ha sido un golpe fuerte a la población boliviana”, lamentó la autoridad en momentos en los que a la protesta de los médicos del sector público y de la seguridad social se sumaban los consultorios y clínicas privadas.
La ministra de Salud, Ariana Campero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y la representación del Colegio Médico de Bolivia, como de las delegaciones departamentales, participaron del diálogo realizado el martes en La Paz. Firmaron un acta de entendimiento que prevé justamente una pausa humanitaria y la instalación de mesas técnicas de trabajo.
En esas mesas trabajarán sobre los dos temas que activaron la protesta. Redactarán un decreto alterno al que crea la Autoridad de Fiscalización, y el 3091 que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud para regular aspectos como los aranceles en el sector privado.
También abrirán una negociación en torno al artículo 205 del proyecto del Código de Sistema Penal que incorpora la figura penal de la mala práctica profesional, sus alcances, atenuantes y agravantes, aunque el tema ya había sido objeto de un inicial acuerdo. Los movilizados aseguraron que con esa norma se criminalizaba el acto médico, lo que fue negado desde el Gobierno.
Otro de los acuerdos es establecer un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Colegio Médico de Bolivia y las sociedades científicas para el establecimiento de aranceles y tarifas para la atención en salud en el ámbito privado. (13/12/2017)
