«Todo tiene un límite”. Con esa posición la ministra de Salud, Ariana Campero, fijó el curso de las acciones del Gobierno contra el paro médico. En enero se aplicará descuentos a los médicos que no acudan a trabajar con reportes de directores de los hospitales, y las farmacias que cierren hoy serán sancionadas, incluso con la anulación del permiso de funcionamiento.
Otra de las acciones es el despido de quienes no acudieron seis días continuos a sus fuentes de trabajo, para lo cual ya se realizan inspecciones en los diferentes nosocomios que ya cumplen 27 días de paro, en el sector público y de la seguridad social. “Los que han parado no van a tener el sueldo de diciembre. Vamos a hacer despidos, estamos haciendo inspectorías”, afirmó.
Mientras que los profesionales médicos tampoco ceden en su presión y ahora exigen anular el artículo 205 sobre mala práctica profesional del Código de Sistema Penal, promulgado el viernes. Incrementan el número de piquetes de huelga de hambre y en las últimas horas ya se dieron las primeras renuncias, como anticiparon, a puestos de decisión de centros de salud.
Además se sumaron los bioquímicos y farmacéuticos que fueron convocados a cerrar las puertas de farmacias en apoyo a los médicos. Diferentes medios de comunicación televisivos mostraron en la mañana imágenes de varias de estas farmacias cerradas en la zona de Miraflores y el centro de la ciudad de La Paz.
El Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 800-10-0070 para denunciar el cierre de farmacias en cualquier parte de Bolivia. Campero advirtió que de constatarse la denuncia el propietario será sujeto de sanciones, incluso con la suspensión del permiso de funcionamiento por el efecto de la medida en la población.
“Todo tiene un límite”, más cuando se agotaron todas las instancias de búsqueda de diálogo por más de un mes con la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia. La ministra recordó que no acudieron a redactar un nuevo decreto para reemplazar al que crea la Autoridad de fiscalización del sector público, de la seguridad social y privado.
Sobre el artículo 205, dijo que los dirigentes firmaron un acuerdo y avalaron la redacción de esa disposición que, según su criterio, es equilibrado porque protege tanto al médico como al paciente. Negó que criminalice el acto médico, como denuncian, y pidió a los movilizados leer el artículo completo.
De acuerdo a los cálculos del Ministerio de Salud, al momento más de 800.000 personados no pudieron ser atendidas y más de 10.000 cirugías programadas no se realizaron.
Campero anunció que ya van 17 días de descuento para quienes paralizaron labores y explicó que se los aplicará en la papeleta de diciembre sobre la base de informes que deberán presentar los responsables de los diferentes nosocomios apoyados no solo el biométrico sino también en el historial de los pacientes que atendieron.
Muchos de los médicos, denunció, no trabajan y solo marcan el biométrico a la hora de salida y entrada. Los directores de nosocomios que no presenten el informe de trabajo de sus dependientes serán pasibles a procesos administrativos.
El ministro de la Presidencia, René Martínez, descartó el lunes que el presidente Evo Morales reciba a la dirigencia de los galenos como lo solicitaron. Ahora, además, el Gobierno ya no está dispuesto a redactar una norma alterna al decreto de regulación.
