La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidió vetar a todas las autoridades que hayan estado involucradas, directa o indirectamente, en el “allanamiento” que sufrieron sus instalaciones el pasado 21 de diciembre, cuando efectivos de la Policía ingresaron hasta ese centro de estudios durante un enfrentamiento con médicos y estudiantes de medicina que rechazan el artículo 205 del Código de Sistema Penal.
La decisión fue asumida por resolución del Consejo Universitario y la hizo pública esta mañana el rector de esa casa de estudios, Waldo Albarracín.
“Veto universitario en contra de las autoridades gubernamentales, quienes no obstante de su condición de docentes universitarios promovieron, alentaron e instruyeron el allanamiento a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés, violando de esa manera la autonomía universitaria”, anunció, al dar lectura a un pronunciamiento de siete puntos.
Recordó que la figura del veto se encuentra reconocida en los estatutos de la UMSA y que ya fue aplicada en tiempos de dictadura militar, por lo que dijo que este es un acto “completamente legal”, en defensa de la autonomía universitaria.
En el pronunciamiento, el Consejo Universitario decidió además la participación de toda la comunidad universitaria en el movimiento que pide la abrogación del Código del Sistema Penal y el decreto supremo 3385. Para garantizar ello, decidió suspender el receso de fin de año.
Con esta demanda, los médicos y trabajadores en salud se movilizan desde hace 37 días, sin que hasta la fecha se haya abierto alguna puerta efectiva al diálogo, aunque ambas partes expresaron su disposición para ello, en ambos casos bajo ciertas condiciones.
La UMSA, en su pronunciamiento, declara además estado de emergencia en tanto continúe el conflicto con el sector salud y convoca a una marcha en defensa de la autonomía, en repudio al allanamiento y en exigencia para que el gobierno convoque a un diálogo sin condiciones.
La convocatoria es para el jueves 4 de enero a las 10.00.
(29/12/2017)
