El presidente Evo Morales anunció este jueves que decidió pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la derogatoria de los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal, demanda que hace 43 días activó una protesta de los médicos que comenzó a crecer con el respaldo de otros sectores.
Dijo que además solicitará la revisión de otros dos artículo, el 293 y el 294, para ver si hay necesidad de realizar ajustes en ambos casos.
Comunicó su decisión en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de sostener una prolongada reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), organización que aglutina a los diferentes sectores sociales afines al oficialismo. También anunció el cronograma de la cumbre de la salud, que estará a cargo de organizaciones sociales.
“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (el pedido) de que deroguen los artículos 205 y 137 del Código Penal”, anunció y explicó que lo hacía motivado por el perjuicio que representa el paro médico para las personas de escasos recursos que no pueden acudir a una clínica privada para atender sus dolencias.
El 23 de noviembre, los profesionales de la salud iniciaron un paro de actividades en el sector público y de la seguridad social en contra del artículo 205 que legisla sobre la mala práctica profesional. Durante todo este tiempo protagonizaron marchas y bloqueos en distintas ciudades capitales, junto a piquetes de huelga de hambre.
La protesta sumó en este tiempo respaldos y presión sobre el Código del Sistema Penal. El transporte cooperativista y pesado también anunció en los últimos días el inicio, a partir del lunes, de un bloqueo nacional de caminos en contra del artículo 137 que legisla sobre el homicidio culposo con medio de transporte y establece cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación, además incluye a los propietarios.
El Legislativo, que está controlado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), también tendrá la misión, según Morales, de analizar la redacción de los artículos 293 y 294 que son cuestionados.
El 293 legisla sobre la sedición y determina cárcel para quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alcen públicamente para deponer a algún servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos. Aclara que no es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o derechos fundamentales.
El 294 determina cárcel de hasta cuatro años por atribuirse los derechos del pueblo, pero se aclara que no es parte de esta tipificación cuando la movilización social tengan por “finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional…”.
Con la decisión se atiende la demanda central que moviliza a los profesionales de salud. (04/01/2018)
