Los médicos corren el riesgo de “perder” los compromisos y avances alcanzados con el Gobierno como consecuencia del conflicto que arrastran desde hace 47 días de no rubricar y consolidar el preacuerdo firmado el 1 de enero en Cochabamba y que se les envió el viernes 5 con la incorporación de la decisión de derogar el artículo 205 del Código de Sistema Penal.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fijó esa posición tomada en el Ejecutivo en momentos en los que representantes del Colegio Médico de Bolivia insisten contrariamente en que justamente ese documento sea firmado en un encuentro entre las partes previa incorporación de la anulación de las sanciones y despidos que pesan sobre los profesionales que paralizaron labores.
El viernes, días después de que el presidente Evo Morales anunciara la decisión de derogar el artículo 205 sobre mala práctica profesional, Romero envió a los galenos el documento que habían pactado el 1 enero y que incorporaba la decisión presidencial con la premisa de que para el Gobierno era ya un acuerdo final y que esperaban su ratificación por parte de los movilizados.
Hasta el momento no hay una respuesta escrita del Colegio Médico, que pide ser convocado a una nueva reunión. “Tienen dos caminos: enviar el documento firmado para consolidar sus acuerdos sectoriales o, si no lo firman, se entenderá que ellos lo han rechazado, esos avances y esos compromisos se pierden también consecuentemente”, advirtió el ministro.
No dio mayores detalles sobre los temas o aspectos que podrían quedar afectados, aunque la Asamblea Legislativa Plurinacional ya empezó el trámite de la derogación del artículo 205, lo que se prevé concluya este martes.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, expresó esta mañana que resta incorporar a ese acuerdo el compromiso de no aplicar las sanciones como despidos que pesan sobre sus colegas que acataron la prolongada medida de presión que paralizó la atención externa en los servicios públicos y de la seguridad social.
Morales advirtió también en la mañana que la administración central aplicará todos los mecanismos constitucionales y legales para viabilizar el restablecimiento de los servicios de salud, aunque no dio mayores detalles.
Romero aseguró que durante las negociaciones que encabezó con los profesionales de salud no se habló de la situación de las sanciones porque corresponden a otras instancias.
