A solo 12 días de que se inicien las labores escoles, al menos ocho unidades educativas en La Paz tienen problemas de infraestructura y mobiliario. Así lo comprobó la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, luego de un trabajo de verificación. Pidió al alcalde Luis Revilla tomar acciones de forma inmediata.
Los días 16, 17 y 18 de enero, personal de la Delegación visitó ocho unidades educativas (Argentina, John Fitzgerald Kennedy, Naciones Unidas, Lucio Velasco Flores, Pedro Poveda, Simón Rodríguez Carreño, Juan Azurduy de Padilla y Venezuela) con el objetivo de verificar el estado de las mismas.
Según una nota de prensa de esta repartición, durante la inspección se evidenció que en la mayoría de los centros educativos existen problemas similares.
“No cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de alumnos con discapacidad motora; los pupitres se encuentran deteriorados y en mal estado; no existen sillas para los docentes; los baños están deteriorados, clausurados o son compartidos entre estudiantes y profesores; existen mallas rotas; canales de agua mal tapados que generan riesgo de accidente para las y los alumnos”, detalla la nota.
Asimismo, se comprobó que no existe personal policial para la seguridad de los estudiantes; no hay cámaras de seguridad; los espacios donde hacen deporte tienen rajaduras provocadas por la humedad y, en algunos, existe incluso carencia de material de limpieza.
El ministro de Educación, Robero Aguilar, confirmó la fecha de inicio de las labores escolares, que será este lunes 5 de febrero.
Teresa Subieta, delegada Defensorial, recordó que la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez establece que los gobiernos municipales tienen atribuciones referidas a la gestión educativa, «respecto a dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción”.
“La omisión en la dotación, financiamiento y la toma de medidas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes una educación con calidad y en condiciones dignas y seguras se traduce en la vulneración de derechos fundamentales de esta población”, agregó.
Zubieta envió una nota al burgomaestre, donde le pide tomar acciones. La autoridad edil deberá remití un informe en plazo de cinco días, “conforme establece el artículo 22 de la Ley 870 Ley del Defensor del Pueblo”. (25/01/2019)
