Entre el 11 de enero y el 11 de junio de 2016, Diego S. C. percibió un haber básico de Bs 5.132, sin asistir a su trabajo en el Programa Instituto de la Juventud (PIJ) de la Alcaldía de La Paz.
Esta es la conclusión de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC), que el 5 de octubre de 2016 emitió un informe en el que halló indicios de daño económico y responsabilidad administrativa, civil y penal contra el citado empleado eventual; la gerente del Instituto, Daniela Ortiz S., y seis funcionarios de ese programa.
En el documento GAMLP DTLCC/ULCC/104/2016, al que tuvo acceso este diario, recomendó la apertura de un proceso sumariante y procesos penales.
Ortiz —quien respondió las preguntas de este diario mediante un cuestionario— aseguró que “no existió ningún encubrimiento, ni ítem fantasma. Los programas por nuestras características administrativas no contamos (sic) con ítems, solo contratos eventuales, es decir, de un principio y un final”. Añadió que el sindicado “trabajó durante el primer semestre de la gestión 2016 cumpliendo cabalmente las funciones que le fueron encomendadas”.
Pero la ULCC sostiene lo contrario y en un párrafo se lee textual: “Daniela Ortiz y Diego S. C. faltaron a la verdad a tiempo de brindar sus respectivas entrevistas informativas a la ULCC, con la presunta finalidad de encubrir la inasistencia de Diego S. C.”.
El caso se dio a conocer el 7 de julio de 2016, a través de la carta suscrita por el responsable de Recursos Humanos, Juan Corico, y remitida al alcalde Luis Revilla.
“El funcionario Diego S. C. no asiste a su fuente laboral, instancia catalogada como ítem o cargo fantasma, solamente viene a recoger a las oficinas sus boletas de pago de haberes, instancia que es de total conocimiento de la gerente”, se lee en el documento, que ingresó vía Sitram (Sistema de Administración de Trámites Municipales) el 7 de julio de 2016, que le asignó el número 23277.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (25/01/2018)
