Para el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, “no es lo mismo” un insulto que el racismo y la discriminación. Explicó que para alcanzar una categoría de delito se debe cumplir ciertos parámetros.
La aclaración de la autoridad se da en medio de la polémica surgida por el acto de discriminación de una mujer a otra que viste pollera en un microbús, en Santa Cruz, y los cuestionamientos que hizo la prensa al vicepresidente Álvaro García sobre polémicos hechos que involucran a oficialistas y a él con sus alocuciones sobre la denominada “clase media decadente”.
“Debemos hacer una diferencia. No es lo mismo un insulto cualquiera. Alguien dice ‘por qué no hacen lo mismo que en otro caso que insultó a tal persona’ porque eso puede ser una agresión reprochable”, dijo la autoridad en un contacto con la radioemisora estatal Patria Nueva.
- García pide ‘pena máxima’ por caso de discriminación y evita referirse al caso de la diputada Quispe
El jueves García se sumó a las críticas sobre el hecho en Santa Cruz, demandó la pena máxima y advirtió que el Gobierno no tolerará ningún acto de discriminación “porque es una enfermedad que no puede irradiarse”.
Ante cuestionamientos periodísticos sobre categorización a la clase media aclaró que no incurre en discriminación pues lo que hace es una “descripción objetiva sociológica” y mandó a la periodista a “googlear” (usar el buscador de Google en internet) para conocer esas premisas.
Además, no respondió a la consulta sobre qué acciones tomaría el Gobierno sobre el acto de la diputada del MAS Juana Quispe quien arrojó un bolo de coca que masticaba a un legislador opositor.
Jiménez detalló que “cuando existe y se configura el parámetro de discriminación y racismo el accionar (es) cuando una persona, una clase, un grupo, se cree superior a otro por sus diferencias étnicas, raciales, de origen sexual, de cualquier naturaleza, y estas sean reales o imaginarias, como dice la norma”.
Añadió que “producto de ese pensamiento inmediatamente esto se convierte en una restricción de derechos, en un acto humillante e inhumano que pone en una situación de daño entero a la dignidad de una persona, recién se configura ese hecho”.
“Entonces, también tenemos que entender la magnitud de este hecho frente a otros posibles accionares que podrían ser insultos o no podrían configurar este delito”, matizó.
El video en el que se ve a una mujer que no permite a otra de pollera sentarse a su lado en un vehículo de transporte público en Santa Cruz desató polémica y rechazo. (16/03/2018)
