El Gobierno reiteró que en Bolivia no se puede aceptar hechos de racismo y discriminación, y dejó que sea la Justicia la que determine la situación la mujer que insultó a otra en un microbús en Santa Cruz por vestir pollera. Su audiencia fue programada para este lunes.
El caso se dio a conocer a través de un video difundido en las redes sociales, que muestra a una mujer que evita que María Janco, la víctima, se siente en los primeros asientos de un bus. La agresora, preliminarmente identificada como Ramona M., hizo alusiones negativas al origen de la víctima.
El proceso contra de Ramona M., por los delitos de racismo y discriminación, fue iniciado por el Ministerio de Justicia y Transparencia a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
“Será la autoridad jurisdiccional, un juez, que defina la responsabilidad que tiene o no tiene esta señora”, sostuvo el viceministro Diego Jiménez, durante una entrevista en Bolivia Tv. Según dijo, en el video, que circula en redes sociales, en la mujer se refleja una “carga discriminatoria y racista” que en el Estado se encuentra prohibido.
“Hay una restricción de derechos que tiene una carga discriminatoria y racista y eso en el Estado Plurinacional hemos prohibido y hemos penalizado, porque ningún boliviano puede ser víctima de semejante a maltrato y humillación, con trato inhumano que tenga estas características”, aseguró.
Néstor Higa, abogado de la mujer agresora, afirmó este domingo a La Razón que su cliente “no recuerda nada” de lo ocurrido y “no se ubica en el tiempo y el espacio”, por lo que “no está en condiciones” de emitir ninguna declaración en la Fiscalía.
Aseguró que sufre trastorno de bipolaridad, desequilibrio emocional y psicológico, presión maníaca, cambios drásticos y problemas de temperamento. Actualmente se encuentra internada en un centro médico privado, donde le recomendaron permanecer al menos 30 días en reposo.
Sin embargo, Jiménez espera a que Ramona M. se presente en la Fiscalía y demuestre con pruebas de descargo que respalden que tiene problemas de salud y no sea una excusa para evitar someterse a la Justicia. (18/03/2018)
