Un grupo de concejales de Oruro llegó este miércoles a La Paz para denunciar al alcalde de Oruro, Édgar Bazán, por la supuesta compra con sobreprecio de 40.000 mochilas escolares de fabricación china, un hecho similar a lo sucedido en Cochabamba y que ahora es investigado por la Fiscalía. El Gobierno replicó que indagará el caso.
En una rueda de prensa realizada en plaza Murillo, la concejala Denisse Villca, detractora del burgomaestre orureño, aseguró que existe un daño económico de Bs 2 millones y que el contrato data de 2016.
Además, denunció, aunque sin exponer pruebas, que la presunta irregularidad goza de la protección del Bazán y de la Gobernación de Oruro administrada por el Víctor Hugo Vásquez del Movimiento Al Socialismo (MAS). La Municipalidad de Oruro negó tal extremo.
- La copia del documento que presentaron los concejales sobre la compra de las mochilas. Foto: Erbol.
El exhorto llegó a buen puerto puesto que el director de Lucha Contra la Corrupción, Cesar Romano, indicó en una conferencia de prensa este miércoles que su despacho indagará el caso orureño como lo hace con el de Cochabamba.
“Hoy se ha tomado conocimiento de una denuncia generada por los concejales de Oruro, haciendo conocer un supuesto proceso de contratación irregular de mochilas de origen chino, hecho, que como todos los casos, será investigado de forma responsable y objetiva”, dijo.
Recientemente se destapó en Cochabamba un caso similar que apunta al alcalde José María Leyes por la presunta compra irregular de 93.000 mochilas chinas con un sobreprecio, según la denuncia, de más Bs 10 millones.
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La Fiscalía indaga el caso, el Gobierno, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional, se sumó como querellante y el alcalde cochabambino paralizó el pago de este material adjudicado en enero de este año y que fue ordenado para su fabricación en agosto de 2017.
Para Romano, la decisión de Leyes es “un reconocimiento implícito respecto a los hechos que están siendo cuestionados en la esfera estrictamente penal”.
Para los concejales orureños que denunciaron el caso, el Gobierno debe impulsar una investigación similar con el fin de transparentar ese proceso y sancionar a los responsables si es que existe dolo. (11/04/2018)
