El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, se defenderá en libertad por el caso de la adjudicación de mochilas chinas, por decisión del juez cautelar Fernando Pérez, quien dictó la detención domiciliaria para la autoridad municipal. La determinación judicial llegó siete horas después de iniciada la audiencia cautelar en la Estación Policial Integral (EPI) del Norte.
De acuerdo a la valoración que hizo el juez, no se encontró riesgos procesales ya que pudo certificar que cuenta con un domicilio, familia y una fuente de trabajo, por lo que no advirtió un riesgo de fuga. No obstante, deberá estar con detención domiciliaria bajo custodia, pagar la suma de Bs 200.000 de fianza y además de estar impedido de viajar fuera del departamento de Cochabamba y del país.
El monto económico deberá pagar en 20 días y estará prohibido de acercarse a la Alcaldía. Esta situación será analizada por los abogados, ya que, según adelantaron, afectaría su derecho al trabajo. El juez consideró que podría influir en la obstaculización en el caso.
“Es un gran logro de la defensa, pero vamos a seguir trabajando en eso (la situación de su fuente de empleo)”, afirmó el abogado Humberto Trigo tras la conclusión de la audiencia. Leyes evitó emitir algún tipo de declaración.
En caso en de que el Alcalde cochabambino no cumpla con una de las condicionantes, el juez puede revertir la situación y correría el riesgo de quedar detenido preventivamente, según la determinación judicial.
Una vigilia de varios simpatizantes del burgomaestre y militantes del partido Movimiento Demócrata Social (Demócratas) acompañó la audiencia desde tempranas horas hasta su conclusión, y cuando se conoció la decisión de Pérez, éstos se desataron en algarabía. El grupo de personas pedía su liberación. Un contingente policial resguardó el lugar hasta la conclusión de la audiencia.
“Tenemos que guardar las formas procesales y se presentará el recursos que corresponde. (…). La ley nos da 72 horas”, dijo el fiscal superior José Manuel Gutiérrez, quien representó al Ministerio Público. Dijo que lo que corresponde de aquí en adelante es continuar investigando el caso.
El proceso que se le sigue a Leyes es un presunto sobreprecio en la adjudicación de 91.385 mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero por Bs 12.469.247. Según la denuncia de la concejal Rocío Molina, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debieron costar Bs 2,3 millones.
Durante la audiencia de medidas cautelares, Leyes y su defensa aseguraron que cuando se conoció la denuncia, el 2 de abril, al día siguiente lo puso a conocimiento de la Unidad de Transparencia para que inicie la investigación respectiva.
El Alcalde dijo además que decidió suspender el pago del contrato con la empresa accidental 26 de Febrero para evitar un daño económico al Estado.
El contratista de la provisión de mochilas –según dijo– aceptó la disolución de la compraventa y que el nuevo acuerdo fue inscrito en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). “No se pagó un solo boliviano”, aseguró.
Sin embargo, el Fiscal Superior aseveró que el proceso de adjudicación fue “amañado” ya que la documentación del Sicoes que se hizo mención durante la audiencia cautelar, con las pruebas mencionadas, no fue presentada hace tiempo ante la Fiscalía como parte del descargo. (21/04/2018)
