Tras las denuncias de corrupción, el contrato de provisión de mochilas chinas para la Alcaldía de Cochababa fue disuelto sin mayor trámite ni reclamo de la proveedora, la Asociación Accidental 26 de Febrero, lo que para el Gobierno genera mayores dudas y sospechas en este caso, que acabó con la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes, uno de los principales acusados.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, dijo este lunes que por lo menos llama la atención que la firma que importó, vendió y entregó las más de 90 mil mochilas chinas, incluido el material escolar, haya aceptado sin mayor queja la carta que se le remitió desde la Alcaldía haciéndole conocer de la disolución del contrato por “fuerza mayor o caso fortuito”.
“Lo más grave es que ellos muestran un documento del 13 de abril en el que notifican a la Sociedad Accidental 26 de Febrero, empresa que trajo las mochilas, que disuelven el contrato por fuerza mayor o caso fortuito, no por irregularidad. La empresa se notifica, su representante dice bueno, ok, se ha resuelto el contrato y muchas gracias, o sea que no pasa nada ¿puede regalar las mochilas?”, cuestionó y recordó que ese tema se expuso en la audiencia cautelar de Leyes.
El contrato para la provisión de las mochilas superó los Bs 12 millones. El costo de importación mayor por unidad de una mochila y el material escolar, de acuerdo a un informe revelado por la Aduana, no pasaba los Bs 31,70, pero se vendió a la Alcaldía en al menos Bs 140 la unidad. El sábado fue la audiencia de Leyes.
Jiménez aseguró que hubo una “contundencia de la evidencia” frente a la debilidad de la defensa que, según recordó, no pudo desvirtuar los hechos de corrupción que rodean ese proceso que derivó en la detención domiciliaria del alcalde, quien en todo momento defendió su inocencia y denunció una persecución política del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
La autoridad edil del opositor Movimiento Demócrata Social (Demócratas) fue acusada por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negocios incompatibles con la función pública. El Gobierno decidió apelar la detención domiciliaria, más cuando la Justicia estableció que hay probada vinculación del alcalde en los hechos investigados.
Además de la detención domiciliaria bajo custodia, se le impuso pagar Bs 200.000 de fianza y estar impedido de viajar fuera del departamento de Cochabamba y del país. También tiene prohibido ir a la Alcaldía y tomar contacto con los funcionarios, lo que derivó en el pedido de los concejales del MAS de pedir designar a un alcalde interino. (23/04/2018)
