Un caso tan mediático exigía un culpable. Esto es lo que sostienen quienes defienden la inocencia de Jhiery Fernández, condenado a 20 años de prisión por la violación del bebé Alexander. El fallo no despejó las dudas sobre el presunto vejamen.
Tras la muerte del bebé de ocho meses, interno del Hogar Virgen de Fátima —el 13 de noviembre de 2014—, se formó una comisión de fiscales que investigó a 18 personas, la mayoría personal del área de salud, e imputó a 12.
Ocho fueron sentenciadas, de las cuales seis se inculparon y se sometieron a juicios abreviados, y solo tres llegaron hasta el juicio oral, entre ellos Fernández, galeno de turno del complejo donde funcionan el Instituto de Rehabilitación Integral, el Instituto Departamental de Adaptación Infantil y el centro de acogida; Lola Rodríguez Onofre, enfermera del hogar; y Sandra Madeny Carrasco, médico residente del Hospital del Niño.
Durante la investigación se conoció que los forenses Ángela Mora Vera y Cristian Vargas Camacho, del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes establecieron que hubo violación, no figuraban en los registros del Colegio de Medicina Legal Forense y no tenían experiencia.
El 6 de mayo de 2015 salió a la luz que el 15 de enero de ese año, el fiscal Leopoldo Ramos sobreseyó a seis imputados; resolución anulada por el fiscal general, Ramiro Guerrero, que se ocultó a los beneficiados. Tres días después, Ramos renunció a la comisión denunciando “falta de autonomía investigativa (…) al final, somos nosotros quienes vamos a dar la cara y sostener en juicio la acusación y los elementos de prueba”.
Por entonces también fueron públicos la presión del Ministerio Público sobre los imputados para que se inculpen y el testimonio de la ex fiscal departamental Patricia Santos de que el caso era manejado desde la Fiscalía General, cuya cabeza era la que sustentaba la hipótesis de la violación.
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