La Contraloría solicitó a la Procuraduría convertirse en sujeto procesal en la querella contra el Concejo de El Alto (2013-2014) y dos funcionarios del Ejecutivo por la compra de los buses Sariri, que causaron un presunto daño económico de Bs 12 millones.
La Contraloría General del Estado (CGE) informó que la Fiscalía rechazó la querella, porque la Alcaldía de El Alto no les notificó.
“El Ministerio Público, el 23 de enero, presentó requerimiento conclusivo al Juzgado 2º de Instrucción Anticorrupción (…) de rechazo de querella con el argumento de que el querellante no cumplió con la notificación a los querellados (…), hay negligencia de la Alcaldía”, dijo el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo.
El 12 de septiembre de 2013, la municipalidad adjudicó el contrato a Fabros Motors SRL, que propuso un precio unitario de Bs 1,2 millones, lo que equivalía a una inversión global de Bs 72,6 millones. Sin embargo, los concejales, sin presentar prueba ni sustento, como dispone el artículo 16 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, denunciaron sobreprecio y anularon el proceso el 13 de diciembre de ese año.
El gobierno local lanzó una segunda convocatoria a principios de 2014 y el contrato fue adjudicado a la brasileña CIBO SA.
“Los 12 millones de bolivianos de presunto daño económico se dan porque en la primera licitación, los 60 buses costaban 79 millones de bolivianos y en la segunda subieron a 91 millones de bolivianos”, explicó el Subcontralor.
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