Siete de 10 universidades estatales del país rechazan la modificación de la Ley 195, de Coparticipación Tributaria, como lo demanda la Universidad Pública de El Alto (UPEA) con el objetivo de incrementar su presupuesto.
Desde el 15 de mayo, la UPEA protagoniza movilizaciones para que el Gobierno modifique la Ley 195 con el fin de que sus ingresos por la coparticipación tributaria aumenten de 0,355% (Bs 144 millones) a 2% (Bs 600 millones), debido a una “crisis económica”.
El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó en reiteradas ocasiones que el pedido de la UPEA es inviable porque el conjunto de las 11 universidades públicas del país recibe el 5% de los ingresos por la coparticipación tributaria, tal como establece la Ley 195.
“Ese 2% equivale a 600 millones de bolivianos, es decir que la UPEA tendría el 40% del total del presupuesto para las universidades. Si nosotros les otorgamos ese monto, ¿a quién le quitamos?”, afirmó.
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que agrupa a las 11 estatales, respaldó el pedido de más recursos para la UPEA, pero rechazó que sea a través de la reforma de la Ley 195 porque ello significaría la reducción de dinero para las otras universidades.
“Tocar esa ley es complejo porque obligará a otros sectores a movilizarse”, advirtió en junio Roberto Bohórquez, presidente del CEUB.
Con el apoyo de los corresponsales, La Razón consultó de forma individual a los rectores y vicerrectores de 10 universidades sobre su posición respecto a la demanda de la UPEA; siete rechazaron la reforma de la normativa y tres optaron por abstenerse de dar su postura.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (04/07/2018)
