Por un diagnóstico errado, a María le dieron medicamentos contra el VIH el día de su parto, al igual que a su hijo, y producto de ello el bebé tiene el hígado afectado. Éste es uno de los 15 casos de negligencia médica, en siete meses, que atiende el Defensor del Pueblo.
“Del total de casos, 13 están en proceso de investigación, otro ingresó recién y el último fue derivado para proceder con la auditoría médica, paso previo para que pase o no al Ministerio Público”, informó Nadia Cruz, delegada para la defensa y cumplimiento de los Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo.
Especificó que las 15 denuncias se dieron entre enero y julio de este año, y en seis de los nueve departamentos, con excepción de Santa Cruz, Beni y Pando.
El caso de María es uno de ellos, ocurrió a principios de este año. Ella llegó a un hospital público de La Paz para su control prenatal, pero fue derivada a otro nosocomio de convenio, donde le diagnosticaron VIH y le dieron retrovirales y otros medicamentos para evitar la transmisión al bebé.
Debido a que su pareja no tenía el virus, la mujer se sometió a otro análisis en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) y dio negativo. Pero la medicación causó problemas en los riñones de la madre y el hígado de la niña.
Otro de los casos hace referencia a una mujer de 50 años, quien fue sometida el 28 de junio a una cirugía para extraerle la vesícula en un hospital de la seguridad social de La Paz, pero no reaccionó después de la operación. Los análisis evidenciaron que al colocarle la anestesia le perforaron el esófago, por donde entró agua a sus pulmones. El 19 de julio falleció y las hijas presentaron la denuncia.
Al respecto, el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (ASSUS), José Luis Martínez, anunció que investigará todas las denuncias relacionadas a las cajas de salud, previa auditoría interna y la presentación de la documentación por parte de la víctima o de sus familiares.
Adelantó que se tendrá una línea gratuita para recibir denuncias, las que luego deben ser respaldadas con documentos y testigos.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, indicó que en ocho meses al ente colegiado llegaron siete denuncias: tres por maltrato al paciente, una por “dar un mal tratamiento” y tres aún con presentación de documentación y pendiente para catalogar.
“Cuando llega un caso solicitamos al profesional acusado un informe, con el que se elabora la respuesta al paciente y él es quien decide si levanta la denuncia o la lleva al Tribunal de Ética”, explicó.
Víctor Hugo Llanos, presidente del Comité de Lucha contra la Negligencia Médica en Bolivia, consideró que los 15 casos de la Defensoría y los siete del ente colegiado son “una mínima parte” de todas las denuncias en lo que va del año.
“A la semana se informa de hasta tres casos de negligencia médica en el país y otros que no se llegan a denunciar porque se registran en el área rural o son familiares de bajos recursos”, dijo.
Los miembros de dicho comité exigieron tratar el proyecto de ley Benjamín Chincheros, presentando en 2012, que penaliza la mala práctica médica y fija la creación de defensores del paciente. El documento lleva el nombre de una víctima.
Un nuevo Código Penal, promulgado en 2017, establecía sanciones a la mala práctica profesional. Pero ante la presión de galenos y otros sectores en desacuerdo con otros artículos, la norma fue abrogada días después.
La CNS recibió 155 reclamos
En 2017, la Unidad de Transparencia de la Caja Nacional de Salud (CNS) y todas sus regionales, excepto Beni, recibieron 155 denuncias de maltrato, mala atención y negligencia médica suscitadas en los 198 policlínicos y hospitales, además de la oficina central.
Según el reporte que fue entregado por la entidad a este medio, la mayoría de los casos (aunque no se detalló) tienen que ver con el maltrato a pacientes, sea por parte de médicos o el personal administrativo, también se anotó a la oficina central, donde el asegurado realiza diferentes trámites.
El departamento de La Paz registra la mayoría de los casos, en total 44, seguido por Oruro, con 24.
Santa Cruz acumuló en 2017 un total de 22 denuncias, mientras que el resto tiene menos de 10 casos, con excepción de la regional de Beni, que no envió su reporte debido a que no cuenta con un responsable para la Unidad de Transparencia.
