La cabo Janeth A. R., de 27 años, no murió en un operativo antidrogas en Villa Montes, Tarija. La Fiscalía imputó al teniente Vladimir Lino H. M., de 34 años, por el feminicidio de la joven, quien tenía tres meses de embarazo. Ayer fue su cautelar.
El sospechoso era jefe del puesto de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Yacuiba y, en esa condición, elaboró el parte en el que dio cuenta de que la uniformada falleció el 21 de septiembre —hace 46 días— cuando hacía seguimiento a un vehículo sospechoso. Estaba con dos camaradas y, según ese reporte, salió al camino a hacer un reconocimiento cuando le dispararon, la bala se incrustó en la frente.
Como ocurre cuando un agente muere en cumplimiento de su deber, el Comando General de la Policía Boliviana le concedió el ascenso póstumo al grado de sargento segundo.
Sin embargo, el teniente Vladimir Lino H. M. fue suspendido y el lunes por la noche fue aprehendido por orden del Ministerio Público y trasladado a Villa Montes con un fuerte resguardo. En esa ciudad se desarrolló ayer su audiencia de medidas cautelares.
Según fuentes judiciales, que prefieren mantener sus cargos y nombres en reserva, el parte policial presentaba incongruencias.
Según el Ministerio Público, los resultados de la autopsia establecieron que tenía hematomas en el cuerpo supuestamente ocasionadas por el teniente, quien la habría rematado con un disparo.
El crimen habría sido planeado en coordinación con otros cómplices, dijeron las fuentes consultadas por este diario.
Personal policial contó a La Razón que la joven sostenía una relación sentimental con su superior, quien no quería formalizar; cuando se enteró de que la había embarazado, quiso obligarla a abortar, pero como se negó, optó por asesinarla. La autopsia confirmó los tres meses de embarazo.
Ya el 22 de septiembre sus parientes habían puesto en duda la versión oficial de su muerte.
“Posiblemente haya sido planificada, hay versiones que corren así… puede que sí, ahorita no estoy consciente al cien por cien” indicó uno de sus hermanos, mientras aguardaba sus restos en el aeropuerto de Tarija.
Marco Antonio Castillo, defensor del implicado, en declaraciones al diario El País de Tarija, dijo que la imputación les sorprendió.
“Mi cliente no conocía a la cabo, pues él había llegado de vacaciones 15 días antes del hecho y no tenía ningún tipo de relación con la víctima”. Añadió que la uniformada había sido transferida recientemente a Umopar, por lo que no era posible una relación.
Osmar Avendaño, abogado de la familia de la víctima, precisó que se esperaban los resultados de ADN de las muestras tomadas al feto y los de balística.
