El 14 de diciembre de 2018, la vida de Marietta, una joven de 18 años, cambió. La muchacha fue, según la imputación del fiscal, drogada por cinco de sus amigos, quienes la violaron en un motel de Santa Cruz de la Sierra.
Desde que el caso estalló, las partes pusieron en duda el trabajo de investigadores, fiscales y peritos. La defensa y la madre de la víctima debido a la influencia de las familias de los sindicados, y los abogados y parientes de los sospechosos por el apersonamiento de los ministerios de Gobierno y Justicia al proceso, que se constituyeron en parte coadyuvante.
La filtración de pericias, amenazas a los fiscales de parte de los padres de los denunciados, desprestigio de la víctima y demora en las pesquisas caracterizan la investigación preliminar.
El 18 de diciembre, el juez Roberto Arias ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola de los cuatro jóvenes que participaron supuestamente en la violación colectiva. El quinto es un adolescente de 15 años, quien se encuentra en el Centro Correccional Juvenil Fortaleza.
Los imputados por los delitos de violación agravada y lesiones graves y gravísimas son: Alejandro S. S., Alejandro C. P., Jorge Andrés J. P, José Antonio R. P. y Alejandro P. V.
“Las diligencias son demasiado lentas, el vehículo que se entregó una semana después, la inspección del motel que se realiza cuando mucha gente ha circulado por ese sitio, la colecta de muestras que según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) resulta insuficiente, la entrega del informe del IDIF no lacrado y la postergación de audiencias”, resumió el 9 de enero el titular de Gobierno, Carlos Romero.
“Llama la atención esto y esperemos que la investigación avance y las audiencias se lleven a cabo. La investigación debe continuar sin presiones de las partes ni su clase social”, dijo el abogado de la joven, Andrés Ritter, a La Razón, en contacto telefónico. (16/01/2019)
