La falta de personal especializado y carencia de procedimientos específicos para denuncias de acoso sexual o acoso laboral, son algunas de las deficiencias que encontró la Defensoría del Pueblo en la implementación de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Las observaciones están consignadas en el informe “Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de la Ley N° 348”, que fue elaborado junto a la ONU Mujeres.
La Defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que aún falta avanzar en el proceso de institucionalización de las instancias especializadas de atención y protección a mujeres en situación de violencia y en resolver la falta de personal especializado e insuficiente presupuesto.
Puso como ejemplo de la actual situación las dificultades para impulsar la consolidación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), como instancia integral y de coordinación de los niveles del Estado.
“Todas las conclusiones pretenden simplemente dar herramientas, insumos, proponer salidas, respuestas al Estado en sus tres estamentos, nivel central, departamental y municipal, para acercarnos al espíritu de la norma”, dijo Cruz en rueda de prensa.
Si bien se cuenta con la aprobación de una Norma Nacional de Atención Clínica y el Protocolo Único de Detección, Atención de Violencia como una medida adecuada y efectiva para casos de violencia sexual, no es adecuada para mujeres víctimas de otras formas de violencia como la psicológica, según el informe.
La Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2018, recibió 2.576 denuncias sobre violencia contra las mujeres.
Uno de los mayores obstáculos para garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres es la limitación presupuestaria de las entidades del gobierno central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).
Otro aspecto que afecta al proceso de institucionalización es la violencia en el lugar de trabajo, donde se observó que no existe un procedimiento específico para las denuncias de acoso sexual o acoso laboral. (14/02/2019)
