El Ministerio Público presentó la acusación formal contra cuatro exautoridades —Alexandra Moreira, Benecio Quispe, Ruddy Rojas y Hugo Gómez— por la crisis del agua que azotó a 140 barrios de la ciudad de La Paz a fines de 2016.
Moreira era entonces ministra de Medio Ambiente y Agua; Quispe, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); y Rojas y Gómez, interventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).
“En el caso de la exministra Moreira y de Quispe, la acusación es por incumplimiento de deberes”, informó ayer Luis Velasco, quien representa a los exinterventores de la operadora.
“En el caso de mis defendidos, Rojas es procesado por atentados contra la seguridad de servicios públicos y Gómez, por ese mismo delito y por incumplimiento de deberes”.
El Código Penal sanciona el incumplimiento de deberes (artículo 154) con la privación de libertad de uno a cuatro años y el atentado contra la seguridad de servicios públicos (artículo 214) de dos a seis años de reclusión.
La exministra fue nombrada funcionaria en el servicio exterior en México en agosto de 2017.
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