Entre 2013 y 2018 se cometieron 555 feminicidios en Bolivia, de los que el 39,64% —cuatro de cada 10— tiene sentencia, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien planteó “dar un nuevo enfoque a la acción penal” para revertir estas cifras.
Lanchipa presentó ayer la rendición pública de cuentas del Ministerio Público correspondiente a 2018 y la inicial del presente año, y en su informe destacó el incremento sostenido de los delitos previstos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia o Ley 348.
“Solo los delitos de violencia intrafamiliar o doméstica representaron —uno tipo penal de un total de seis nuevos delitos— el 24% de toda la carga procesal ingresada”, destacó.
El informe establece que La Paz con 166 crímenes, Cochabamba con 139 y Santa Cruz con 91 tienen mayor incidencia.
En los tres departamentos se concentra el 71,46% de la población boliviana, es decir 8,0 millones de los 11,3 millones proyectados al 2018. Después se encuentran Oruro con 39, Tarija con 38, Chuquisaca con 36, Potosí con 29, Beni con 13 y Pando con 4.
En los seis años desde la aprobación de la Ley 348, 9 de marzo de 2013, que tipificó el feminicidio y estableció una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, 555 mujeres fueron asesinadas. Del total de causas abiertas, 220 llegaron a la sentencia condenatoria, sea por la vía de un proceso abreviado o un juicio oral.
Los juicios que siguen abiertos suman 324 y 11 han sido extinguidos o recalificados, precisó.
Sobre la base de estos datos, el fiscal dijo que se “hace evidente la necesidad de dar un nuevo enfoque a la acción penal en esta temática”, sin entrar en detalles.
Debido a esta problemática y a otras de carácter general, el Ministerio Público está trabajando en la construcción del nuevo modelo fiscal que debe estar articulado con la Ley de Abreviación de Procedimiento Penal, en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, apuntó.
Arturo Yáñez, presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, dijo que los datos confirman que el sistema judicial está congestionado. En muchos casos los fiscales tienen miedo a rechazar los procesos, incluso por presiones políticas. El fiscal debería constituirse en un filtro para evitar que los casos ingresen al sistema, lo que a su juicio no hacen.
Algunos abogados —añadió— utilizan la extorsión y la presión, y ponen al límite el sistema judicial boliviano. En estos casos, las familias de las víctimas pagan la factura de un sistema que, lamentablemente, no puede resolver los procesos oportunamente.
La directora del Centro Juana Azurduy de Padilla, Martha Noya, atribuyó el problema a múltiples factores, entre los que citó la lentitud, falta de interés y falta de recursos humanos y técnicos de la Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses, los recovecos del procedimiento penal, que da lugar a la chicanería y a la retardación, la falta de recursos económicos para pagar un abogado que impulse el proceso y la actitud de los jueces que no imponen autoridad y permiten que los abogados dilaten los juicios.
