El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en sus estaciones en grande y detalle el proyecto de Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales que, entre otros aspectos establece la obligación de las organizaciones religiosa de informar de sus actividades administrativas y financieras.
La aprobación estuvo precedida por incidentes protagonizados por representantes de una iglesia que fueron sacados de la plaza Murillo, en el centro del poder político, cuando pretendían orar en protesta por el proyecto de ley que consideran los afectará en sus intereses.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, negó que la iniciativa legal fuera propuesta por el Gobierno con el afán de regular a las organizaciones religiosas, como se denunció en los últimos días.
«Efectivamente la libertad de pensamiento y religión no se puede regular, porque sería una franca violación a la Constitución Política del Estado, lo que hace esta ley es establecer una normatividad jurídica y un proceso administrativo para establecer derechos y garantías de estas personas colectivas, esta ley no le dice a la iglesia que va a predicar de una u otra manera”, explicó, según difundió la oficina de prensa de Diputados.
Una de las observaciones es que abre camino a la fiscalización de sus ingresos. En el inciso e) del artículo 17 sobre deberes de las organizaciones religiosas se establece: «Informar a la autoridad competente, respecto a las actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas o espirituales que realizan en el país, en el caso de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales».
Tiene 14 artículos, una disposición transitoria, una disposición abrogatoria y otra derogatoria. En parte del artículo 11 referido a recursos y patrimonio fija que los recursos y patrimonio no podrán ser distribuidos entre los miembros de la organización.
Borda recordó que con la actual Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas se emite ese documento a todas las instituciones sin fines de lucro, es decir: Organizaciones sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, entidades civiles, iglesias y agrupaciones religiosas y de creencia espiritual, sin distinción alguna, lo que perjudica a las organizaciones religiosas, ya que se les exige muchos requisitos.
De acuerdo a este proyecto de ley, la entidad encargada de emitir las personerías jurídicas será el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hará mediante Resolución Suprema, hecho que agilizará el trámite. Asimismo, indicó que la finalidad es reconocer y respetar la libertad religiosa para promover la convivencia pacífica y coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales.
El bloque de las Iglesias Evangélicas Unidas rechazó el pasado 12 de marzo. El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Roberto Solano, aseguró que con esta iniciativa legal el Gobierno intenta de alguna manera tomar el control de las actividades que realizan las diferentes denominaciones que funcionan en el país.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), Munir Chiquie, confirmó la participación de su sector en la elaboración de la norma. (20/03/2019)
