La Defensoría del Pueblo urgió este martes a la Gobernación y a la Alcaldía de La Paz alejarse del debate político y “dar una respuesta ágil y altamente técnica” al problema de la basura debido a que considera que la falta de soluciones pone en riesgo el derecho a la salud de los paceños.
También pidió al Gobierno que cumpla el plan de cierre de botaderos en el resto del país que está estipulado en la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos promulgada en 2005 y que daba un plazo de cinco años para ese fin.
“La falta de soluciones inmediatas y definitivas ponen en riesgo el derecho a la salud de la población en general, por lo que la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades responsables dar una respuesta ágil y altamente técnica en el marco de lo que establece la Ley N° 755, dejando de lado el debate mediático, abocándose a la parte técnica y precautelando los derechos de los habitantes a gozar de un medio ambiente saludable, protegido, equilibrado y libre de contaminación”, manifestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cita un boletín institucional.
La ombudsman interina boliviana mostró su preocupación por la problemática que surgió luego del colapso de una macrocelda del relleno sanitario de Alpacoma que generó otros imprevistos como la dificultad de hallar un nuevo sitio para los residuos.
Han pasado dos meses desde que La Paz y Achocalla firmaron un acuerdo para el cierre definitivo de ese depósito cuyo plazo venció el pasado viernes 29 de marzo y el plan que se trazó el alcalde paceño Luis Revilla en Patapampa, Alto Achachicala, es resistido por los vecinos.
Ahora, con el tiempo en contra, debido a que Achocalla otorgó siete días más de plazo que se cumplen esta semana, ha planteado al Gobierno y a la Gobernación encarar una labor conjunta no solo para instalar un nuevo relleno, sino la planta de industrialización que el presidente Evo Morales ofertó hace unas tres semanas, pero no hay señales de solución.
A fin de prevenir que esta situación se repita en otros departamentos, cita la nota, la Defensoría instó a considerar lo previsto en la Ley N°755 que estable un plazo de cinco años para que los botaderos y áreas contaminadas ingresen a un proceso de cierre técnico y saneamiento ambiental, plazo que fenece en 2020; recordó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos departamentales, el cumplimiento estricto de la norma.
En la disposición transitoria segunda de la citada ley promulgada el 28 de octubre de 2015, se especifica que “los botaderos y áreas contaminadas por residuos deben ingresar a procesos de clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental, en cumplimiento con la normativa vigente y protección a la salud, en un plazo máximo de cinco (5) años, de acuerdo a la planificación que emita el Ministerio cabeza de sector”.
Cruz además consideró importante que la población tome conciencia sobre esa problemática con el fin de reducir la generación de residuos, maximizar su aprovechamiento y minimizar la disposición final de los que no aprovechables. (02/04/2019)
