Se acentúa la presión para la renuncia del magistrado Orlando Ceballos, denunciado por violencia intrafamiliar. Ahora se pronunció la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien instó al magistrado a dimitir o a la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a cesarlo en sus funciones. De no prosperar esas vías, pidió un juicio de responsabilidades.
La posición oficial fue hecha pública en una conferencia de prensa en la que se reveló parte de la denuncia de la esposa de Ceballos. En el documento relata que la violencia ejercida en su contra no solo se dio el día de la denuncia, 10 de marzo, sino ya venía “en forma reiterativa desde el inicio de su matrimonio”.
Con ese argumento, Cruz sostiene que no corresponde la extinción de la denuncia, como lo planteó la esposa del acusado, porque la violencia fue ejercida de forma reiterada y no solo en una ocasión, condición para anular la denuncia. También aseguró que Ceballos vulneró principios constitucionales que ponen en cuestión sus decisiones.
De no dimitir, la sala plena del control constitucional tiene la atribución de cesarlo en sus funciones, justamente porque su presencia con una denuncia afecta la normativa vigente. “Caso contrario se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciar un juicio de responsabilidades…por ejercer la función pública alejado de los principios constitucionales y por encontrarse dentro de una causal de prohibición del ejercicio de la función pública”.
La posición se suma a otras expresadas en las últimas horas. Las legisladoras del oficialismo y de la oposición unieron sus voces para demandar a Ceballos renunciar a su cargo porque de lo contrario se expondrá a un juicio de responsabilidades, que –de acuerdo a la norma- puede dar paso a su suspensión del cargo y destitución.
El presidente de Diputados, Víctor Borda, no fue la excepción y fue uno de los más críticos contra el magistrado. En varias ocasiones consideró que la autoridad debe dimitir porque ya no cuenta con la moral para seguir en una institución responsable de precautelar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
Desde el Gobierno también se escuchó voces críticas. El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró, ni bien revelada la denuncia de violencia intrafamiliar que el denunciado debiera pedir licencia del cargo para asumir defensa. Lo hizo, pero decidió acortar su licencia y el martes retomó a sus funciones aduciendo que resolvió el problema “circunstancial”.
