El Gobierno Municipal de La Paz presentó ayer a la Cámara de Diputados una denuncia contra los magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Estrada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley.
Ambos integran la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 16 de mayo emitieron la sentencia 228/2019, que halló indicios de responsabilidad en el alcalde Luis Revilla por el deslizamiento en el relleno de Alpacoma.
Ese fallo revocó en parte el fallo que denegó una Acción Popular planteada contra Revilla, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, y Martín Quenallata, dirigente de Achocalla.
El recurso de Acción Popular fue presentado por Teodoro Blanco y Simón Apaza en contra de los tres, sin embargo, la sentencia del TCP excluyó a los dos últimos.
“Se trata claramente de un fallo con una intencionalidad política, con una gravísima responsabilidad de los magistrados. Por estas razones, el gobierno municipal ha presentado esta denuncia. Esperemos que la Cámara de Diputados le dé la máxima celeridad, porque a todas luces se trata de una vergüenza y de una ilegalidad”, subrayó el munícipe.
La denuncia fue presentada al amparo de la Ley de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado y la Ley Modificatoria 612, aprobada en diciembre de 2014.
Según el procedimiento, a partir de la presentación de la denuncia, se tiene que esperar al menos mes y medio para escuchar las recomendaciones de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que puede ser de rechazo o aceptación (ver cuadro hasta el punto 5). De aprobarse, el trámite debe seguir 15 pasos más (ver cuadro).
La Cámara Baja tiene 130 diputados, de los cuales 87 son del Movimiento Al Socialismo (MAS), opositor al Alcalde.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado está presidida por la diputada Valeria Silva, quien en las últimas semanas denunció un supuesto favorecimiento de la Alcaldía a la empresa Tersa SA, que administra el relleno sanitario de Alpacoma, y un presunto doble trabajo que realizaban empleados ediles en el programa Yo Soy Mi Primer Amor, que dirige la esposa del Alcalde.
La Razón intentó contactarse con la asambleísta para conocer su punto de vista, pero su celular estaba apagado.
Alegato. Revilla señaló que la resolución que emitieron Hurtado y Estrada tiene contradicciones, pues establece indicios de responsabilidad en el deslizamiento, cuando aún se desconocen las conclusiones de una auditoría ambiental que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas con ese fin.
“El fallo dice que ya hay un presunto responsable, pero también dice que debe llevarse adelante la auditoría ambiental”, recalcó.
El burgomaestre argumentó que los magistrados cometieron el delito de incumplimiento de deberes porque fundamentaron su fallo en el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto 24176 de 8 de diciembre de 1995, que fue abrogado en 2015.
En su criterio, debieron tomar en cuenta el Decreto Supremo 2954, que reglamenta la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada en 2015. Según esa norma, las licencias ambientales tienen 10 años de validez.
“Ni siquiera han mencionado este decreto que está en vigencia; claramente han fallado en contra de la Constitución y la ley”.
El Alcalde también observó que en el fallo se menciona a la Ley 775 (de Promoción de la Alimentación Saludable), que no tiene nada que ver con el asunto.
“El TCP, que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, no conoce qué normas están abrogadas, qué normas están en vigencia y ni siquiera conoce las leyes”, reprochó.
