La concejala de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Cecilia Chacón presentó este lunes un informe detallado del caso Curva de Holguín que involucra al alcalde Luis Revilla, exfuncionarios y funcionarios ediles con la supuesta entrega dolosa de 13.000 metros cuadrados de terreno al empresario Edwin Saavedra, quien, dijo, recibió "privilegios" y "beneficios" de autoridades ediles.
Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, avasallamiento de propiedad pública, daño al medio ambiente, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, responsabilidad administrativa y otras emergentes por la función pública fueron los delitos identificados por Chacón en una conferencia de prensa en la que además precisó que en este caso existió faltas administrativas.
Al respecto, el concejal Isaac Fernández lamentó las declaraciones de su colega y advirtió de un afán de desprestigio de la gestión municipal. Recordó que este caso está en manos de la Fiscalía y afirmó que esa entidad determinará si existen o no responsabilidades.
“El tema del World Trade Center y Curva de Holguín se encuentra en la Fiscalía y es esa instancia la que debe realizar las investigaciones, la concejala (Chacón) con todas las denuncias que va realizando día tras día trata de desprestigiar al Gobierno Municipal y eso vemos que no es correcto”, dijo Fernández.
Chacón indicó que Revilla aprobó "una serie de beneficios y privilegios a favor de Saavedra", para que éste amplíe su derecho propietario en la Curva de Holguín con el fin de construir edificios de hasta 60 pisos y otros, pese a que funcionarios ediles hicieron conocer al burgomaestre las supuestas irregularidades en este caso.
"Pese a estos informes, Luis Revilla suscribe convenios con Edwin Saavedra autorizándole construcciones de hasta 60 pisos; se le autoriza la ampliación de la superficie construida y una serie de privilegios y beneficios que se le da, entre ellos el cambio de uso de suelos que no correspondía", dijo la concejala.
Según los datos presentados —conseguidos en más de tres años de investigación y que fueron recolectados a partir de información otorgada por funcionarios y exfuncionarios ediles, según Chacón— hubo un crecimiento "ilegal" y "arbitrario" de la propiedad de Saavedra de 26.216 m2, adquiridas en 1993, a más de 40.000 m2, en 2015.
"El aumento ilícito es más de 13.000 m2 que afecta a la propiedad municipal", reclamó con base en el informe de más 600 páginas, de las cuales 50 son las conclusiones.
Chacón precisó que en 2015 se adulteró la superficie del terreno de la Curva de Holguín para favorecer a Saavedra y recordó que Revilla, el 5 de agosto de 2011, a través de un Informe de Despacho requirió información sobre el caso y que los propios técnicos municipales ratificaron las observaciones y establecieron la necesidad de una aclaración técnica y jurídica sobre esos 40.000 m2.
Advirtió que en todo esto la esposa del concejal Fabián Siñani, la abogada Maricruz Medrano, procesada por la Fiscalía en el caso Tersa, jugó un rol importante, especialmente porque a partir de que ella asume los trámites de Saavedra ante la Alcaldía éstos se tornan sorprendentemente más ágiles.
Como ejemplo, citó que Medrano presentó el 3 de marzo de 2016 una solicitud de catastro la cual es aprobada seis días después.
Además, en abril del mismo año la misma jurista tramitó el cambio de uso de suelo que fue aprobado en diciembre de ese año con la ordenanza municipal 538/2016, una gestión que habitualmente demora.
Como conclusión -dijo Chacón- Saavedra intentó apoderarse de los terrenos de la Curva de Holguín, de 84.000 m2, en la década de los años 90 en la gestión del exalcalde Germán Monroy Chazarreta, lo que cual fue impedido en las gestiones de los exburgomaestres Lupe Andrade y Juan Del Granado.
La Concejal advirtió que en todo el proceso se obviaron requisitos y se omitieron procedimientos especiales para Medrano a favor de Saavedra, por lo cual pidió al Concejo Municipal tratar el informe en el pleno y luego aprobarlo para su remisión al Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría del Estado para la investigación y sanción correspondiente.
Sin embargo, independientemente de la decisión del Concejo, Chacón advirtió que personalmente presentará el informe a las autoridades correspondientes. (12/08/2019)
