La Alcaldía de El Alto suspendió este jueves de manera temporal el servicio de los buses WaynaBus porque el Concejo no aprobó la contratación de los seguros de los motorizados. La decisión se da en medio de una investigación por la presunta compra con sobreprecio de la flota de buses.
Fernando Flores, secretario Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, pidió al ente deliberante reconsiderar su decisión, sobre todo tomando en cuenta el servicio y las rutas que cubren los buses ediles adquirido en la gestión de Édgar Patana.
“El sistema municipal de transporte público, dependiente de la Secretaria Municipal Urbana, el día de hoy (jueves) ha instruido la suspensión de su servicio, específicamente en la ruta circular, de manera temporal, tomando en cuenta que el 22 de agosto, de la semana pasada, el Concejo Municipal no aprobó la carpeta del proceso de contratación de los seguros generales de la flota de los buses que tenemos en la urbe alteña”, señaló Flores.
En 2014 se adquirió la flota de 60 buses, que en ese entonces se llamaban Sariris. En la compra se advirtieron una serie de irregularidades y sobreprecios que involucraron a Patana, exconcejales y un actual concejal de municipio alteño detenido en la cárcel.
Debido a la reducción del presupuesto para el funcionamiento del WaynaBus, nombre con el que fue relanzado en 2015 en la gestión de Soledad Chapetón, solo circulan 18 vehículos.
El 22 de agosto, el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal determinó enviar al penal de San Pedro, con detención preventiva, al concejal de Unidad Nacional (UN) Óscar Huanca y al exconcejal Benjamín Alborta, quienes están involucrados en la compra irregular de los buses ediles.
El fiscal Edwin Enriquez señaló este jueves que hasta la fecha han prestado su declaración siete personas, de las que cuatro están con detención preventiva y tres en libertad.
En 2017, Patana, quien actualmente se encuentra encarcelado en el penal de Patacamaya, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a la desaparición de 33 vehículos adquiridos con recursos ediles.
