Este miércoles se cumplen 31 días del paro médico convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), que ha pedido comprensión a la población que sufre la falta de atención médica debido a que hasta los servicios de emergencia han colapsado.
Los movilizados declararon un paro indefinido el 19 de agosto, pero éste fue interrumpido el 9 de septiembre por un fallo constitucional que ahora prohíbe ese tipo de protestas; entonces lo reemplazaron por otro de 20 días, que está vigente desde el 10 de septiembre.
El diálogo entre el Gobierno y los trabajadores está en un nuevo cuarto intermedio desde la noche del lunes con dos puntos de desencuentro: La inclusión del sector en la Ley General del Trabajo y la abrogación de la Ley 1189 que impulsa la construcción de hospitales para la Caja Nacional de Salud (CNS).
“Si el Gobierno respeta el estado de derecho, las normativas, no tuviéramos que estar en estas movilizaciones cuando nosotros demandamos condiciones para el sistema de salud, es una obligación del Gobierno, de todos los Estados, dar condiciones labores de infraestructura y equipamiento, entonces creo que la población debe entender”, dijo este miércoles el titular del Conasa, Erwin Viruez, en una entrevista en la red Unitel.
En ese marco, aseguró que la suspensión de la medida de presión debe ser consultada con todos los actores debido a que “es una medida que depende de las bases”.
No obstante, admitió que “es una medida que castiga a la población, pero que el resultado final que siempre buscamos es que se mejore el sistema para beneficio de todos los usuarios”.
La red Unitel reportó el perjuicio causado a una decena pacientes en el Hospital de Clínicas de La Paz que no encontraron atención médica ni en el servicio de emergencia como se había comprometido la dirigencia de los movilizados. Algunos llegaron desde poblados alejados.
Similar situación se mostró en hospitales como el Boliviano Holandés, que atiende de manera irregular, según la misma red de televisión. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró que solo el 15% de los servicios está paralizado.
Los médicos cuestionan la falta de consensos para la redacción de la Ley 1189 referida a la CNS, por ello proponen “crear una ley que realmente priorice las necesidades de la Caja” para darle solución integral a la seguridad social, según Viruez.
En medio del conflicto, trabajadores en salud instalaron dos piquetes de huelga en dependencias del Complejo Hospitalario de Miraflores de La Paz, entre ellos el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero.
“Quisiéramos volver a trabajar en un par de horas, pero es mucho lo que está en juego para el sector”, señaló el médico dirigente tras destacar la inclusión del sector en la Ley General de Trabajo.
Para Viruez ese “es uno de los puntos críticos” del diálogo que no permiten avanzar en la consecución de soluciones por el oneroso gasto que eso significa para el Estado. A su juicio, hay “discriminación” porque una parte de los trabajadores ya está incluido en ese régimen laboral.
La ministra Montaño reveló el mismo lunes, en medio del diálogo, que esa propuesta demandaría al Estado más de Bs 1.200 millones, por lo que se les propuso –dijo- alternativas intermedias que al momento se niegan a discutir y avanzar.
Aún no hay fecha para la reanudación de las negociaciones. (18/09/2019)
