El vicepresidente Álvaro García Linera respaldó este viernes la eliminación de los asentamientos ilegales en la zona de la Chiquitanía, aunque previa verificación de esta irregularidad. Mientras, los cívicos de Santa Cruz informaron que lograron identificar al menos 457 en cinco municipios de esa zona.
“Si hay asentamientos ilegales hay que ubicarlos y sacarlos”, afirmó García Linera durante una entrevista en la red UNO, cuando fue consultado sobre la decisión que adoptó el cabildo cruceño para expulsar los asentamientos ilegales, a los que culpan de los incendios forestales que arrasaron casi 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales.
No obstante, dijo que antes de eliminar los asentamientos ilegales se debe hacer una auditoría completa de la zona para constatar los casos de vulneración de la norma.
“Hay que verificar, lo que sí es cierto es que hoy, con la Constitución, las dotaciones de tierras ya no se dan a nivel individual, se dan a nivel colectivo, de comunidades, y tiene que ser en zonas del Estado, fiscales, y no puede ser en parques , no puede ser en tierras comunitarias de origen. Eso se tiene que haber cumplido y si alguien violó lo que dice la Constitución, por supuesto que hay que sacarlo inmediatamente”, insistió.
Poco después, en una conferencia de prensa realizada en el Comité Pro Santa Cruz, representantes del ente cívico informaron que en un recorrido que hicieron por cinco municipios de la Chiquitanía, como parte de la instructiva que recibieron en el referéndum, sumaron 457 asentamientos ilegales y sólo 320 legales.
El presidente del Comité Cívico de la Provincia Velasco y Vicepresidente de los Comités Cívicos Provinciales, Rony Justiniano, explicó que la cifra es resultado del levantamiento de información que hicieron con los alcaldes de los municipios, quienes respaldaron con documentación y testimonios sus datos.
Explicó que algunos de los asentamientos tienen resoluciones otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pero nunca informaron a los municipios del asentamiento, como establece la normativa, por lo que formalmente son ilegales.
Dijo que en muchos casos se trata de grupos de personas originarias del Trópico de Cochabamba que fueron “dejadas a su suerte” por las autoridades gubernamentales, sin contar con mecanismos de subsistencia.
Anunció que ahora, en cumplimiento de las resoluciones del cabildo, los municipios determinaron suspender la atención a esos asentamientos que incumplen la normativa, lo que hará más difícil la subsistencia de esas personas.
Informó en los cinco municipios (San Rafael, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, San Ignacio y Concepción) existen 41.479 familias asentadas y calculó que ello representa un total más de 120.000 personas, tomando en cuenta un promedio de 3 personas por familia.
Según Justiniano, no obstante a que la cifra de habitantes en la Chiquitanía se disparó debido a los asentamientos legales e ilegales, los municipios siguen recibiendo los mismos recursos del nivel central, que basa su asignación en datos del Censo de 2012. “No hay reasignación recursos por número de comunidades aceptadas de otro lugar. Los recursos son cada vez más pequeños para las comunidades originarias. No les alcanza, hay un grave daño”, lamentó. (11/10/2019)
