Hebert G. V., con acusación formal por los delitos de abuso deshonesto y corrupción en el grado de encubrimiento de 13 niños y adolescentes del Distrito Scout de La Paz, fue contratado por el Ministerio de Educación, denunciaron las víctimas.
Mediante una nota entregada ayer en el Palacio de Gobierno, los afectados y sus familiares pidieron una audiencia a la presidenta Jeanine Áñez para darle a conocer este hecho y también la retardación de justicia, ya que aunque el 26 de noviembre de 2018 se emitió la acusación formal, aún no se fijó fecha para el juicio oral.
Este periódico constató, a través del resumen de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servidor Público que ofrece la Contraloría General del Estado en su sitio web, que Hebert G. V. cumple funciones en la cartera de Educación desde el 9 de enero de 2020, o sea hace 12 días.
“Esta persona está trabajando como asesor de la ministra (Virginia Patty). Nosotros corroboramos la información en Recursos Humanos del mismo ministerio. Esta situación nos preocupa porque se estaría incurriendo en un delito, porque ninguna persona que esté denunciada por violencia contra la mujer o violencia sexual puede ser contratada”, recalcó Juan Álvarez, quien es vocero de las víctimas.
Pero, según el Artículo 13 de la Ley Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, “para el acceso a un cargo público (…) se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.
La Razón consultó al encargado de Comunicación del Ministerio de Educación sobre este tema, quien dio los nombres de dos personas que no coinciden con el de Hebert G. V.
El acusado era director del Distrito Scout La Paz entre 2003 y 2005, cuando se cometieron presuntamente los delitos, y quien habría conocido el caso sin tomar acciones legales contra los guías Henry A. V. y Gunter M. V., acusados formalmente por los delitos de abuso deshonesto y corrupción de menores en el grado de autoría de los 13 niños y adolescentes que estaban a su cargo.
El 7 de enero de 2019, el aludido fue beneficiado con la libertad irrestricta por el juez 1º de Instrucción Cautelar de La Paz, Román Castro. Además, el 7 de diciembre del año pasado, Gunter M. V. fue puesto en libertad por la jueza Nancy Flores, del Juzgado 2º de Sentencia, que lo benefició con la detención domiciliaria y le otorgó horas laborales.
“Queremos saber qué es lo que ha pasado con este caso específico”, afirmó Álvarez.
Víctimas y familiares también solicitaron a Áñez celeridad en la modificación de la Ley 1173 o Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. "Hemos presentado una carta dirigida a la Presidenta solicitando que pueda escucharnos a las víctimas y explicarle que con esta ley los más beneficiados son los agresores", dijo José Robles.
Sergio S. M. denunció que a 15 meses de presentada la acusación formal no se ha iniciado el juicio y él aún sufre acoso y amenazas del agresor. "Soy sobreviviente del abuso. Nuestra representación es a nombre de todas las víctimas".
