En un comunicado a raíz de la emisión del Decreto Supremo 4231, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó de su “profunda preocupación” por la ampliación de las restricciones a la libertad de expresión en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en el país.
La ANP “hace pública su profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”, señala el documento.
“Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, establece el Decreto Supremo 4231 publicado el domingo y aprobado el 7 de mayo.
Quejas
Gremios como el de los artistas expresaron su preocupación por la norma. El cuentacuentos Martín Céspedes expresó este lunes su preocupación a La Razón.
“Es la primera vez, que yo recuerde o tenga entendido, que el Estado boliviano, que un gobierno se inmiscuya en el campo artístico desde el control de contenido”, dijo el artista.
Antes, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) alertó las restricciones emanadas en el Decreto Supremo 4200, de ampliación de la cuarentena, firmado por la presidenta Jeanine Áñez el 25 de marzo. “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señala la norma.
“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El gremio que agrupa a las empresas de periódicos impresos en el país espera modificaciones de la norma. “para preservar los derechos fundamentales y no lesionar la vigencia y pleno ejercicio de la libertad de expresión”
En su comunicado, la ANP recuerda a su vez que en 2018 “cuestionó con vehemencia” una norma similar en la frustrada modificación del Código Penal. (11/05/2020)
